Junta pospone aprobar la ley de regadíos de Doñana tras abrir un diálogo con el Gobierno

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo para abrir un diálogo sobre la regularización de los terrenos de regadíos de la Corona Norte de Doñana, cuya primera medida será posponer la aprobación de la proposición de ley en el Parlamento andaluz, prevista para la próxima semana.

El acuerdo se ha escenificado esta tarde en la reunión y posterior rueda de prensa conjunta que han celebrado en el sevillano Palacio de San Telmo el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, quienes han coincidido en la necesidad de escuchar a "todas las partes" implicadas en este asunto.

El encuentro se ha producido tras más de un año de "tiranteces" entre el Gobierno central y la Junta a raíz de la presentación de una proposición de ley en el Parlamento andaluz, a instancias del PP y Vox y que aún está pendiente de aprobación, en la que se pretenden regular 700 hectáreas que se encuentran en estos momentos fuera de ordenación.

La iniciativa, que ha generado una gran polémica también entre diversos colectivos ecologistas, regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

La proposición de ley, que se iba a aprobar en el pleno de la próxima semana, finalmente va a ser "aparcada" y se retirará de la Mesa del Parlamento que mañana tenía previsto calificarla para su posterior traslado a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica, según ha explicado Moreno.

El presidente de la Junta ha destacado la importancia de abrir esta mesa de diálogo, en el que se va a oír a todos los "agentes implicados" y ha admitido que su Gobierno es lo "suficientemente humilde" para saber que puede haber "unos ángulos" de visión de esta realidad que sean completamente distintos a los suyos.

No obstante, Moreno ha insistido en que se deben "solventar" los problemas de las familias afectadas por los terrenos que ahora se pretenden regularizar y que se encuentran en "un limbo", por lo que ha reiterado que en este asunto se debe hacer un ejercicio de "equilibrio" entre la protección de Doñana y el desarrollo social de la zona.

Ha admitido que algunos de los colectivos implicados en esta problemática ya conocían la voluntad de la Junta de abrir este diálogo con el Gobierno pero ha advertido de que todos los "fundamentos" que se vayan a plantear se harán con "buena voluntad y con transparencia".

"Hemos iniciado un diálogo que esperamos que sea fructífero, honesto y sensato, donde ambos equipos debemos tirar de audacia y de generosidad para buscar soluciones a los problemas", ha recalcado Moreno, quien ha asegurado que el diálogo se hará con equipos "del máximo nivel" entre ambas administraciones.

Concretamente, participarán en la misma el secretario de Estado y los consejeros de Medio Ambiente y Economía Azul junto al titular de Presidencia de la Junta, y durante las próximas cuatro semanas que se han puesto ambas administraciones para poder mantener el diálogo y escuchar "a todas las partes" implicadas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica en funciones ha coincidido con el presidente andaluz en que el objeto de este diálogo entre ambas administraciones es que hay una "voluntad de escuchar a todo el mundo", y ha añadido que el diálogo es "bueno" siempre entre las instituciones del Estado.

Teresa Ribera ha anunciado un plan de actuaciones que pretende que esté definido en el plazo de un mes y que contará con una dotación de 350 millones de euros, y para el desarrollo de las mismas se escuchará a "todas las partes" porque, según ha explicado, el programa de compra de suelo "está pensado para lo que lo hemos comprometido en las autoridades internacionales".

El Gobierno central plantea la compra de fincas del entorno de la Corona Norte de Doñana para aliviar la presión del acuífero, una propuesta que será llevada a la mesa y que la Junta deberá estudiar durante este mes.

Antes de reunirse con Moreno, la ministra declaró a los periodistas que la posición del Gobierno se mantiene: "ni media hectárea más reconocida como regadío", y que era necesario trabajar "en la búsqueda de alternativas que no pongan en riesgo Doñana, pero que permitan el desarrollo social en el territorio, que es muy importante".