Las administraciones catalanas recurren contra la sentencia de la ZBE

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado sendos recursos de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital catalana.

En los recursos, que han sido aceptados a trámite por el TSJC pero aún tienen que ser admitidos por el Tribunal Supremo, se enfatiza la obligación de las administraciones de proteger el derecho a la salud de las personas, así como la prevalencia de este derecho sobre otros como el de la movilidad, y se justifica la proporcionalidad de la medida.

Así lo han explicado este lunes el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia; el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Marc Sanglas, y el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda.

En paralelo a los recursos, Badia ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona actualizará la ordenanza municipal de la ZBE para adecuarla a la nueva normativa europea y española y para tener un nuevo reglamento en caso de que los recursos no prosperaran.

"Actualizamos la ordenanza para que, en el caso desfavorable que el Tribunal Supremo finalmente ratificara la sentencia del TSJC, tengamos una nueva ordenanza actualizada que sea perfectamente acorde a la ley y que no esté en peligro", ha explicado Badia.

Las tres administraciones han recalcado que la sentencia del TSJC va en dirección contraria a lo que marcan las directivas estatales y europeas, y han recordado que la Comisión Europea tiene abierto un expediente sancionador por los altos niveles de contaminación de Barcelona y Madrid.

Sobre los plazos para la resolución de los recursos, Badia ha calculado que el Supremo puede tardar entre seis y nueve meses para decidir si lo acepta a trámite, y un año para resolver.

A raíz de los recursos presentados por varias asociaciones, el TSJC dictó en marzo una sentencia -que no era firme y no se ha ejecutado- que anulaba la ordenanza de la ZBE del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019, al entender que tiene deficiencias en su elaboración, por la falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de coches excluidos.

Además de Barcelona, la ZBE Rondes BCN incluye a los municipios de L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs, cuyas ordenanzas de la ZBE también han sido recurridas pero el TSJC aún no se ha pronunciado.

"El tronco central del recurso del Ayuntamiento de Barcelona se basa en defender que tenemos el imperativo legal de preservar la salud pública de todos los vecinos", ha indicado Badia.

El concejal ha insistido en que la ZBE es una "herramienta de futuro" para combatir la contaminación y preservar la salud de los vecinos.

"La ZBE ha funcionado", ha subrayado el concejal, quien ha indicado que ha permitido eliminar más de 600.000 desplazamientos de los vehículos más contaminantes y que ha permitido reducir en un 11 % los niveles de dióxido de nitrógeno, alrededor de 125 muertes prematuras anuales por contaminación, el 5 % de los nuevos casos de asma infantil y el 1 % de los nuevos casos de cáncer de pulmón.

Por su parte, Sanglas ha defendido la proporcionalidad de la medida, remarcando que va en la línea de las directrices marcadas por la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ha lamentado que la sentencia del TSJC pone por encima de la salud y de la calidad del aire otros elementos "como los derechos económicos o la relevancia de costes".

"El Tribunal de Justicia de la Unión europea ha manifestado en distintas ocasiones que, en todo lo relacionado con la mejora de la calidad del aire, la restricción de la movilidad está permitida, por lo tanto es una de las herramientas reconocidas también por tribunales europeos", ha añadido.