Plantaciones ilegales de Marihuana: enganches eléctricos y sus consecuencias en Córdoba

La provincia de Córdoba ha sido escenario de un creciente problema relacionado con el cultivo ilegal de marihuana y el consiguiente fraude eléctrico, que ha llevado a la desconexión de 33 enganches ilegales de la red eléctrica en los primeros seis meses de 2024. Esta medida ha sido llevada a cabo por Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, con el objetivo de frenar el impacto negativo que estas conexiones fraudulentas tienen tanto en la seguridad pública como en la calidad del suministro eléctrico en diversas zonas de la provincia.

Un Problema en Aumento

Según datos proporcionados por Endesa en un comunicado, los 33 enganches desconectados reflejan la magnitud de un problema que va en aumento y que afecta principalmente a Córdoba capital y a municipios como Bujalance y Montilla. Estas áreas han visto un incremento en la actividad de cultivo de marihuana, que se lleva a cabo principalmente en plantaciones 'indoor', es decir, en interiores de edificios, donde el consumo de energía es extremadamente alto debido a los sistemas de iluminación y ventilación que funcionan las 24 horas del día.

Impacto en la Red Eléctrica y la Seguridad

El consumo de electricidad derivado de las plantaciones ilegales detectadas en Córdoba entre enero y junio de este año ha alcanzado los 1,5 millones de kilovatios hora (kWh), lo que representa el 14% de toda la energía consumida de forma fraudulenta en la provincia. Este uso masivo de energía sobrecarga la red eléctrica, provocando frecuentes interrupciones en el suministro y poniendo en riesgo la integridad de las instalaciones. En Andalucía, la situación ha sido especialmente grave, con varios centros de transformación calcinados debido a la sobrecarga de potencia causada por estos fraudes. Aunque Córdoba aún no ha registrado incendios en sus centros de transformación durante este periodo, la sobrecarga y el deterioro de la infraestructura son preocupaciones latentes.

Riesgos para la Seguridad Pública

Además de los problemas técnicos y económicos, estas conexiones ilegales representan un grave riesgo para la seguridad pública. La manipulación inexperta y peligrosa de las instalaciones eléctricas ha llevado en ocasiones a incendios en los edificios que albergan estas plantaciones, poniendo en peligro tanto a los ocupantes de los inmuebles como a los vecinos circundantes. En algunos casos, se han reportado incidentes de electrocución, lo que subraya el peligro inherente a esta actividad ilegal.

El impacto de estos fraudes no se limita a la infraestructura eléctrica; también tiene un costo humano significativo. Las fuerzas de seguridad y los técnicos de Endesa que trabajan en la desconexión de estos enganches se enfrentan a un entorno cada vez más hostil. Según el Ministerio del Interior, muchas de estas instalaciones están controladas por organizaciones criminales trasnacionales, lo que incrementa el riesgo de violencia durante las operaciones de inspección y desconexión. En Córdoba, como en otras provincias, los técnicos de Endesa han tenido que trabajar bajo protección policial en determinadas áreas para evitar agresiones y garantizar su seguridad.

Medidas y Colaboración Ciudadana

Para mitigar el impacto de estas conexiones ilegales, Endesa ha intensificado sus esfuerzos de detección utilizando tecnologías avanzadas e inteligencia artificial, lo que ha permitido realizar cerca de 200.000 inspecciones en toda España durante el primer semestre de 2024. En Córdoba, la colaboración ciudadana ha sido crucial para identificar puntos de fraude, permitiendo a los residentes reportar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el consumo eléctrico ilegal.

Endesa ha habilitado varios canales para facilitar estas denuncias, incluyendo un correo electrónico y un número de teléfono gratuito, además de un formulario en su sitio web. La empresa reitera la importancia de esta colaboración para garantizar la seguridad de todos y minimizar el impacto de estas actividades ilícitas en el suministro eléctrico.

Consecuencias Económicas

El fraude eléctrico asociado al cultivo de marihuana tiene un costo significativo para la sociedad en general. Según estimaciones, el fraude eléctrico en España genera un impacto económico de más de 2.000 millones de euros al año, lo que equivale a un sobrecoste de 69 euros anuales por cada punto de suministro. Pese a la gravedad de estas cifras, las sanciones en España por este tipo de delitos son menos severas en comparación con otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, lo que ha suscitado un debate sobre la necesidad de endurecer las penas para combatir este problema de manera más efectiva.