La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pide programas en las cárceles para la reinserción

Este miércoles 29 de mayo la Delegación en Córdoba de la APDHA ha presentado en su sede los resultados de un trabajo de investigación sobre la situación de las personas presas de la provincia respecto al acceso a los servicios sociales, proyecto financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba. En el estudio han participado personas presas, familiares y colectivos sociales que trabajan en el ámbito penitenciario. El objetivo del informe era constatar de forma fehaciente las dificultades de acceso a los recursos sociales que desde hace años vienen trasladando a la APDHA las personas presas y sus familiares a través de nuestro servicio de asesoría jurídica, confirmar el impacto negativo que ello tiene para el proceso de reinserción y la prevención de la reincidencia y plantear algunas alternativas de mejora de esta realidad.

La asociación recuerda en el informe que la Constitución afirma que las personas presas siguen teniendo en vigor todos sus derechos fundamentales, excepto los limitados en la sentencia condenatoria, y que la prisión tiene como principal objetivo la rehabilitación social. Por lo tanto, las administraciones, especialmente la penitenciaria, deben garantizar el acceso a los servicios sociales para garantizar ambos fines.

Del estudio se desprende que uno de los principales problemas para que los poderes públicos hagan una apuesta real en esta dirección es la perspectiva social distorsionada sobre la realidad criminológica de España: es uno de los países más seguros del mundo (48,8 delitos por cada 100 mil habitantes en 2022, frente a los 79,5 del Reino Unido o los 60,7 de Alemania, p.ej.), y dentro de esa baja tasa de criminalidad el peso de los delitos más graves es testimonial; asesinatos, homicidios y violaciones apenas representaron el 1,5% del total en el citado año 2022. Sin embargo, la desinformación que propagan determinados discursos mediáticos y políticos fomentan una sensación de inseguridad en la población que no se corresponde con la realidad, lo que favorece un populismo punitivo que aboga por un constante endurecimiento de las penas y de las condiciones de vida en la cárcel. Del estudio de campo del informe se desprende que la mayoría de la población penitenciaria de nuestra provincia ha cometido el tipo de delitos tradicionalmente relacionados con los contextos de exclusión social: contra el patrimonio (29%) o contra la salud pública (24%).

Las encuestas realizadas desmienten la teórica laxitud y permisividad del sistema penitenciario español. El 43% de las personas encuestadas cumplían o habían cumplido penas privativas de libertad de larga duración (superiores a 6 años), a pesar de la señalada escasa incidencia de la criminalidad más grave. Otra muestra de la dureza del sistema es el alto porcentaje (46%) de participantes en el estudio que se encontraban en los regímenes penitenciarios más duros (1er y 2º grado), donde está más restringido el acceso a los recursos que facilitan la rehabilitación y la preparación para la vida en libertad (programas formativos, trabajo penitenciario, permisos…).

Otras de las conclusiones del informe es que se confirma la prisión como un espacio masculinizado: el 95% de las personas que se pudieron localizar para participar en el trabajo de campo, y el 100% de los usuarios de los programas “penitenciarios” de las asociaciones contactadas, eran hombres. Representar una mayoría tan aplastante en la población carcelaria hace que los de por sí escasos recursos sociales existentes en prisión se dirijan prioritariamente a los hombres, generando un factor extra de exclusión para las mujeres presas.

Haciendo referencia ya a la cuestión concreta del acceso a los servicios sociales, vemos que existe un gran desfase entra los programas ofertados y los demandados por las personas internas. Así, mientras el recurso más ofertado es el de deshabituación del consumo de drogas (37%), éste es tan solo demandado por el 19% de las personas presas consultadas. Éstas reclaman prioritariamente programas de empleo (27%), siendo su oferta claramente insuficiente (13%), y prestaciones económicas (38%, algo totalmente entendible teniendo en cuenta que la mayoría provienen de entornos empobrecidos y tienen cargas familiares), quedándose corta igualmente la oferta (29%). Llama poderosamente la atención la escasez extrema de programas de salud mental en prisión (9%) y la menor demanda aún por parte de los internos (1%), a pesar de la altísima incidencia de estas patologías entre las personas presas (algunos estudios indican que alrededor del 90% de la población penitenciaria española ha tenido algún problema de salud mental durante su vida). Por último, aunque pueda parecer razonable a primera vista que no existan grandes oportunidades de acceso a la vivienda social para personas privadas de libertad (tan solo una oferta del 5% y exclusivamente una de las entidades consultadas tenía un programa de este perfil), el contar con una solución habitacional adecuada fuera de prisión es esencial para poder acceder a la libertad provisional o a los permisos penitenciarios, lo que dificulta la progresión de grado y la rehabilitación.

Todo este panorama no es inocuo, y está conectado con las altísimas tasas de reincidencia que se detectan en el estudio: el 54% de las personas encuestadas era reincidente (34% “multireincidente”, es decir, que habían cumplido 3 o más condenas de prisión).

Para paliar esta situación desde la APDHA proponemos: a) Sustituir las penas privativas de libertad de corta duración por sanciones alternativas b) Adecuar los programas sociales ofertados a las verdaderas necesidades de la población penitenciaria (reforzar los recursos en materia de vivienda social, ampliar los puestos de trabajo penitenciario, incrementar los programas de formación laboral y priorizar la atención de la salud mental en prisión) c) Coordinación entre los equipos de tratamiento de Instituciones Peni­tenciarias, los servicios sociales públicos no peniten­ciarios y las entidades de la sociedad civil d) Promover campañas contra la desinformación acerca de la criminalidad y de sensibilización de la ciudadanía respecto a la legitimidad y necesidad de invertir fondos públicos en un sistema penal y penitenciario que priorice la reparación de la víctima y la rehabilitación del infractor