Los agricultores reciben 120 multas entre Policía Nacional y Guardia Civil por las manifestaciones

Las patronales del campo han vuelto a manifestarse en Córdoba capital. A la puerta de la subdelegación de Gobierno, en la Avenida de Conde Vallellano, han acudido los principales representantes de la patronal para repartir de forma simbólica unos 500 kilos de naranjas. Han reclamado una reforma de las medidas medioambientales más drásticas de la PAC, una relaciones comerciales igualitarias con el exterior y un reparto suficiente del agua. Las 43 medidas que presentó el Ministerio de Agricultura para enmendar la última reforma de la PAC "no modifican en sustancia los problemas que estamos arrastrando en el campo, como la sequía, la falta de rentabilidad o los elevados costes en un momento competitivo que nos obliga a tener productos en escala y lo más baratos posibles", ha asegurado el presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa.

Los cítricos son uno de los cultivos con los que los agricultores están teniendo más dificultades en el Valle del Guadalquivir. Por eso, la naranja ha sido la fruta elegida para simbolizar la falta de rentabilidad: el kilo de naranja se paga en el campo a 24 céntimos, mientras los costes están en 30. "Los precios de la naranja en las grandes superficies son un 1000% por encima", ha recalcado Fernández de Mesa.

Desde COAG han pedido, entre otras medidas, una agenda digital que registre todos los contratos "para evitar el fraude en el campo". Una medida que difiere directamente con una de las demandas que tenían los agricultores y ganaderos independientes que se menifestaron con numerosas tractoradas durante los mese de febrero y marzo. Ellos pedían que se eliminara esa agenda digital por "la dificultad de algunos de los agricultores, los de edad más avanzada, para adaptarse a las nuevas tecnologías".

Estos agricultores y ganaderos continuan recibiendo las multas que algunas de esas marchas que no estaban autorizadas les dejaron. Según datos oficiales a los que ha accedido COPE, Policía Nacional y Guardia Civil interpusieron 120 multas de hasta 1.000 euros, la mitad en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, y la otra mitad fueron de tráfico.