Armilla alega contra la Zona de Bajas Emisiones de Granada por entender que puede ser "inconstitucional"

El Ayuntamiento de Armilla (Granada), gobernado por el PSOE, ha presentado alegaciones contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, donde gobierna el PP, y que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que introduce una "discriminación injustificada" entre ciudadanos según su lugar de residencia, "vulnerando" principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad.

El Ayuntamiento censura que la medida fuera aprobada "sin diálogo" con los municipios del área metropolitana y advierte de que afectará "gravemente a miles de vecinos que necesitan desplazarse a Granada para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales".

En Armilla, casi 5.000 vehículos quedarán excluidos del centro de la capital, lo que representa cerca del 30 por ciento del parque móvil del municipio. "Sin una mejora real del transporte público ni alternativas viables, se obliga a muchas personas a asumir un coste adicional para poder desplazarse, agravando desigualdades y dificultando el acceso a la ciudad", advierten desde el municipio.

El Ayuntamiento denuncia que esta ordenanza "no se basa en criterios ambientales objetivos sino en una restricción arbitraria ligada al empadronamiento". "No podemos permitir que se impongan restricciones que dividen a la ciudadanía según su lugar de residencia", ha afirmado la alcaldesa, Loli Cañavate.

"Mi responsabilidad es defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas. La movilidad no puede ser un privilegio de quienes viven en la capital. Si el Ayuntamiento de Granada sigue adelante con esta ordenanza discriminatoria, tomaremos las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato y la justicia social", ha agregado.

Además de su posible inconstitucionalidad, recalca que la ordenanza ha sido aprobada "sin un estudio de impacto económico y social que analice cómo afectará a los comercios, empresas y establecimientos hosteleros de Granada, que dependen en gran medida de clientes del área metropolitana".

Las alegaciones de Armilla hacen hincapié en la "contradicción de la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada actualmente en tramitación, que ella misma fomentó cuando era consejera de Fomento de la Junta de Andalucía".

Ese plan establecía que la ZBE debía implementarse de forma coordinada en toda el área metropolitana, con mejoras en el transporte público y la creación de aparcamientos disuasorios. Sin embargo, "la ordenanza municipal rompe con esta estrategia, aplicando restricciones sin compensaciones para los municipios colindantes", según mantiene Loli Cañavate.

El Ayuntamiento de Armilla exige que la ordenanza de la ZBE de Granada se retire y se reconsidere en una mesa de diálogo metropolitana en la que participen todos los municipios afectados.

"Si el Ayuntamiento de Granada persiste en esta imposición injusta, Armilla no se quedará de brazos cruzados, llegaremos hasta donde haga falta para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas y garantizar una movilidad justa para toda el área metropolitana", ha concluido Loli Cañavate.