El alcalde de Lanjarón satisfecho ante su absolución como investigado por presunta prevaricación

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo acogió con “satisfacción” la sentencia judicial emitida el pasado 18 de marzo, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial del Juzgado de Instrucción número 2 de Órgiva, por la que se decreta la absolución del regidor así como la del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Lanjarón, Juan Manuel Jiménez, investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la denuncia de Antonio J.J. Vallejo, anterior Jefe de la Policía Local del municipio, quien ejercía la acusación particular, y todo ello, sin que se haya tenido que celebrar ni siquiera juicio oral, por haber desistido de la acción ejercitada la acusación particular.

Recordamos que tanto el alcalde como el responsable de la Concejalía fueron investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa, tras la denuncia interpuesta por el Sr. Vallejo, Jefe de la policial Local, en la que acusaba a los responsables municipales de no llevar a cabo la tramitación para la notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia de Tráfico, “competencia que estaba delegada sobre el señor Vallejo, y por la cual percibía un complemento específico de 800 euros mensuales”. De hecho, según recordó Escobedo, “el Ministerio Fiscal en ningún momento se presentó como acusación”. La sentencia confirma que la Fiscalía, que había solicitado hasta en dos ocasiones el sobreseimiento de la causa, no ejerció acción penal por el presunto delito y también que la propia acusación decidió retirarse del caso.

En esta situación, el regidor se mostró “satisfecho” ante una situación tildada de “desencuentro personal” tras la reducción de dicho complemento específico al Jefe de la Policía Local, en su momento, por un desacuerdo ocasionado en la determinación de los días de vacaciones.

“Siempre se ha mantenido que en ningún momento se omitió la tramitación de expedientes, ya que de ello debía encargarse el jefe de la Policía Local. Esta persona percibía un suplemento específico de 800 euros que le fue retirado al no cumplir con su cometido. Esta decisión, unida a un desacuerdo por los días de vacaciones, derivó en una denuncia que acaba de demostrarse que carecía de total fundamento, aunque sí ha producido un daño importante a la imagen tanto de mi persona como a la de mi concejal”.

“Esta sentencia hace justicia a la situación tan desagradable que se ha producido, que nos ha tocado vivir y que ha dañado nuestra imagen pública por un delito inexistente. Estamos muy satisfechos por el desenlace, ya que entendíamos que no había otra solución posible”, añadió.