La Junta de Andalucía pide tranquilidad ante el nuevo varapalo judicial a la mina de Riotinto.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula los permisos de explotación de la mina. Según la Delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano es consecuencia de la sentencia de hace apenas unos días del Tribunal Supremo en la que se ratificaba la anulación de la Autorización Ambiental. Verano ha reiterado que se trata de un defecto de forma en la autorización Ambiental en el que ya se trabaja para su subsanación.

Ante esta sentencia cabe recurso aunque hasta el momento los Tribunales han echado por tierra las decisiones tomadas por el anterior gobierno de la Junta de Andalucía.

ATALAYA MINING

Por su parte , la empresa Atalaya Mining, propietaria de la mina de Riotinto (Huelva) considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la resolución de reinicio de esta explotación "no pone en cuestión" su continuidad ni afecta a los planes de ampliación de productividad.

La empresa ha precisado que la sentencia del alto tribunal, si bien anula la Resolución administrativa de reinicio de la actividad del año 2015, también confirma que es la Administración de la Junta de Andalucía quien ha de solucionar la situación generada por los defectos administrativos en la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

Todo ello lo hace, ha asegurado, "sin poner en cuestión la normal continuidad de la actividad minera en el proyecto" por lo que "se despejan las dudas generadas en los accionistas, empleados y en general en el ámbito de influencia de la operación".

Esta nueva sentencia, ha añadido Atalaya resuelve un recurso interpuesto también por la organización Ecologistas en Acción, quien, en su búsqueda de un pronunciamiento judicial de paralización completa de la mina, ha estado alegando múltiples deficiencias en el procedimiento administrativo.

No obstante, estas alegaciones "no han sido tenidas en cuenta por la Sala", pues el alto tribunal anula la resolución de reinicio "exclusivamente por la existencia de un pronunciamiento de ese mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la AAU por un defecto de forma en el procedimiento de información pública".

Ante esta situación, Atalaya y sus asesores legales consideran que queda claro que ha de ser la Administración andaluza quien, a la luz de las diferentes opciones que ofrece la legislación, cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual.

Atalaya ha incidido en que la sentencia "ni pone en cuestión la continuidad del proyecto, ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva".

Por todo ello ha asegurado que sigue estando a disposición de todas las partes interesadas, incluyendo Administración, organizaciones ecologistas, sindicatos, empleados y ciudadanía en general, para seguir colaborando con transparencia por una minería excelente en los planos ambiental y de seguridad, y seguir así aportando empleo y riqueza a la región de manera sostenible.