La Justicia dice no a la macrogranja de Solera

Con fecha 1 de diciembre de 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1de Jaén dictó sentencia contra las pretensiones del particular que pretendía instalar una explotación intensiva porcina en la localidad de Solera, en Huelma. En el fallo, la Magistrada desestima el recurso contencioso-administrativo presentando por este particular contra el acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Huelma-Solera que, en diciembre de 2022, no declaró el Interés Social del proyecto de macrogranja, condenándolo al pago de las costas procesales. Aunque la sentencia no sea aún firme, ya que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ésta viene a denegar de nuevo un proyecto que a lo largo de dos años ha sido rechazado, en primer lugar, por el conjunto de la ciudadanía y todo el pueblo de Solera, pero también por el resto de localidades de Sierra Mágina, por las administraciones públicas, Ayuntamiento y Diputación de Jaén, por todos los partidos políticos provinciales y por asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.

En la sentencia, la Magistrada viene a corroborar la ausencia de interés social de este proyecto, destacando, por el contrario, el amplio rechazo social y político que ha recibido, lo que demuestra que constituye toda una "amenaza para el futuro de esta localidad" y de toda la comarca de Sierra Mágina. En el dictamen se constata que "la parcela donde se pretende la instalación es un espacio protegido, de especial protección", según los informes recabados tanto de la Diputación de Jaén como de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. Además, se certifica su "ubicación sobre el acuífero que abastecen a municipios como Solera y Cabra de Santo Cristo y que sirve para regadío de olivar de la zona". Frente a estos graves riesgos y perjuicios para la salud y la economía local, la sentencia corrobora que el promotor de la macrogranja no ha sido capaz ni de justificar una posible compensación al impacto medioambiental ("contaminación por emisión de malos olores y residuos, contaminación por ruidos"), ni de justificar un beneficio social para la población, ya que "no se consigue demostrar la creación y generación de empleos de un sistema de explotación caracterizado por su mecanización, no siendo necesaria mucha mano de obra" y sí se hace evidente "la afectación a la economía del municipio, basada en la explotación agrícola del olivo (que se vería afectada por el uso del agua)".

La Plataforma Ciudadana "Solera libre de Macrogranjas", que ha movilizado a los vecinos durante estos dos años, se muestra muy satisfecha porque la Justicia haya atendido sus demandas y porque se estimen los argumentos de las alegaciones que presentó en el procedimiento administrativo, ante "la evidente falta de interés social y la ausencia de beneficios de una actividad industrial altamente contaminante y escasamente beneficiosa para Solera, sobre todo ahora, cuando la localidad solereña lleva sufriendo restricciones al abastecimiento de agua desde hace un año". La portavoz de la Plataforma, Ana María Rodríguez, recuerda que "la sentencia demuestra que llevábamos razón, no sólo moralmente sino también jurídicamente, y que la lucha del pueblo de Solera ha sido determinante para evitar el peligro que se cernía sobre nosotros. Estaba en juego nuestro futuro, el de nuestra forma de vida y nuestros trabajos. Y gracias al esfuerzo y a la generosidad de todos los solereños hemos conseguido que nuestro pueblo no desaparezca bajo este proyecto."

Rodríguez, sin embargo, alerta de que la sentencia no es aún firme y de que "la batalla podría continuar", en referencia a la posibilidad de un recurso ante el TSJA por parte del promotor del proyecto. Aunque, al respecto, ha lanzado la advertencia de que "el pueblo de Solera seguirá estando presente, de cualquier forma, en cualquier otro procedimiento judicial, como ha venido haciendo hasta ahora, siempre vigilante y defendiendo los intereses de sus ciudadanos. Vamos a impedir la instalación de una industria de este tipo en nuestro pueblo, por la vía que sea, ya que no podemos permitir que nos dejen sin agua, sin olivar y sin trabajo. Que a nadie le quepa duda de que mantendremos nuestro pueblo y a nuestras familias."

De todas formas, la portavoz confía en que no se presente ningún otro recurso y que la pesadilla para Solera haya terminado, ya que "no creemos que el promotor esté dispuesto a seguir tirando el dinero habida cuenta de la claridad y contundencia de la sentencia, de la falta de justificaciones y pruebas de su recurso y de la jurisprudencia del TSJA y la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en su contra". Por tanto, "esperamos que esto acabe aquí y, si hasta ahora ha sido Solera la que ha estado amenazada, confiamos en que mañana no le ocurra lo mismo a Huelma, Cabra o cualquier otro pueblo de Sierra Mágina u otra comarca de Jaén." Por ello, ha instado a "seguir con las reivindicaciones" y a "no ceder un milímetro en la defensa de las zonas rurales y sus gentes, ya que los que hablan de la necesidad de atender a la España Vaciada, deben empezar por problemas como éste."