Escándalo en una urbanización: investigan al presidente por embolsarse 65.000 € alquilando las zonas comunes

Un juzgado investiga al presidente de una comunidad de vecinos de Benalmádena y a la empresa de la que es propietario y administrador, por haber alquilado las zonas comunes, sin autorización, para instalar tres cajeros automáticos.

MÁS DE 850 EUROS A MES

El hombre, que habría obtenido por ello casi 65.000 euros hasta septiembre de 2023, está investigado por el juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos por los presuntos delitos de estafa, administración desleal y falsedad documental.

Según el auto, hay indicios de que el presidente de la comunidad Pueblo Marinero, con el propósito de obtener "un lucro ilícito" aprovechando su cargo, sin autorización ni comunicación a la junta de propietarios, instaló tres cajeros automáticos en zonas comunes.

En 2019, la empresa del presidente firmó dos contratos con la responsable de dos cajeros, en los que se pactaba una remuneración de 850 euros mensuales más IVA por cada uno, cantidad que después subió a 1.000 euros mensuales más IVA. En 2022 suscribió otro contrató por un tercer cajero.

En los documentos contractuales se indicaba que la empresa del presidente era titular de los locales y que, de ser arrendataria, contaba con autorización del propietario del local para usar las ubicaciones donde se colocaron los cajeros.

Sin embargo, señala el auto, hasta la fecha no hay constancia de que realmente tuviera autorización para alquilar esos espacios.

DENUNCIA DE LOS VECINOS

Algunos comuneros de Pueblo Marinero, descontentos con la gestión que estaba realizando en la urbanización, se interesaron por los cajeros en una Junta de Propietarios celebrada en abril de 2023.

Recibieron como respuesta por parte del ahora investigado que los cajeros no eran de la comunidad y el entonces vicepresidente añadió que el suelo donde estaban era propiedad del Puerto Deportivo.

Según las diligencias, el investigado presentó en el transcurso de las diligencias practicadas un "supuesto contrato" de arrendamiento de los espacios comunes donde se instalaron.

Ese documento, supuestamente firmado entre la comunidad y la empresa del presidente, “podría resultar ser un documento falso fabricado ad hoc para su presentación en la presente causa penal” añade.

INMUEBLES PRECINTADOS

Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena ha confirmado que algunos apartamentos propiedad del presidente se precintaron en abril de 2024, tras una inspección de Urbanismo realizada en febrero de 2023, donde se detectó la transformación de una terraza en vivienda y obras fuera de ordenamiento.