El campo sevillano se rebela contra la PAC

Las organizaciones representativas del sector agrario de Sevilla --Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias--- han convocado a los agricultores y ganaderos de la provincia a participar en la concentración que realizarán ante la Delegación del Gobierno en Andalucía en la Plaza de España de la capital el próximo 15 de abril en contra de la convergencia "brusca" de la PAC tal como se ha planteado.

Las organizaciones convocantes insisten en pedir la retirada del Real Decreto 41/2021 de Convergencia de la PAC para 2021 y 2022, por el que, según sus cálculos, "80.000 agricultores andaluces perderán al menos un 10% de sus ayudas de la PAC en dos años, y la mitad de ellos, 40.000, sufrirán pérdidas de entre el 20% y el 50% de los importes" según un comunicado. En el caso concreto de la provincia de Sevilla el 60,5% de los agricultores verán reducidos sus importes. De ellos, 9.200 perderán más de un 10% y en torno a 3.900 perderán por encima del 20%.

El sector advierte de que el Real Decreto 41/2021 supone "la antesala" de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las cinco o siete que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que "persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido".

"Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas. En la provincia de Sevilla los efectos de este brusco giro provocarían pérdidas de más de 180 millones de euros", han explicado.

Según han advertido, las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido --en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos.

Entienden que la propuesta es "muy perjudicial" para la primera región agraria de España, en la que se halla el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, y en la que este sector da empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).

Estos "desajustes" se producen en un contexto en el que "siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras". Tal como denuncian las organizaciones convocantes, los agricultores y ganaderos siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos

de terceros países sin ningún control. Y además están sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, "ataques continuos e injustificados hacia su actividad".

Las organizaciones agrarias convocantes de esta movilización en Sevilla rechazan el Real Decreto 41/2021 de convergencia, por "ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y en Sevilla, y porque determina claramente

las negociaciones de cara a la nueva PAC", y por tanto, solicitan al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual.

Los convocantes exigen que, de cara a la nueva PAC de 2023, el Ministerio de Agricultura respete el modelo actual con el mayor número de regiones posible (lo que refleja la diversidad productiva), evite la eliminación de derechos, reformule la redacción de la definición de agricultor genuino para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.

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