A juicio en Sevilla por poseer un kilogramo de cocaína, una pistola del Ejército y billetes de 500

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla celebra un juicio contra siete personas para las que la Fiscalía de Sevilla reclama penas de tres, ocho y once años de cárcel. El grupo, dedicado a la "venta y distribución de drogas a terceros", fue sorprendido con un kilo de cocaína, abundante dinero fraccionado y diferentes armas entre las que destaca una pistola semiautomática del Ejército del Aire, además de un "laboratorio de cultivo de marihuana" encontrado en uno de los domicilios.

La Fiscalía expone que de las escuchas practicadas a una serie de teléfonos móviles "sustraídos", así como de los registros domiciliarios, se deduce que los siete acusados "se dedicaban a la venta y distribución de drogas a terceros a cambio de una cantidad económica no determinada".

En diciembre de 2012, dos de ellos fueron sorprendidos en un control de carreteras con casi un kilo de cocaína oculto en su vehículo, y, en enero de 2013, fue autorizada judicialmente la entrada policial en sus viviendas.

En los domicilios, fueron hallados una papelina de cocaína, abundante dinero fraccionado en billetes de diverso importe, e incluso, en el sótano de una de las viviendas, se encontró "un habitáculo plenamente acondicionado para servir de laboratorio de cultivo de marihuana, con extractores, focos de calor y luces de distinta intensidad".

Además, en el conjunto de los domicilios investigados los agentes localizaron dos defensas extensibles de uso policial catalogadas como armas prohibidas, un arma de aire comprimido modelo caracterizada por aparentar ser "un arma de fuego real", una pistola semiautomática "con el número de serie borrado" y "adjudicada al Ejército del Aire", acompañada de "munición real", y otras tres pistolas de aire comprimido además de los correspondientes cartuchos para el uso de dichas armas.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que el kilo de cocaína intervenido fue comprado con 30.000 euros por dos de los acusados. Según el informe, uno de ellos se encargaba del "corte y adulteración de la droga previa a la venta" y otros dos "se encargaban de distribuirla al por menor".

"Todos los acusados carecen de ingresos" oficiales al no desempeñar "actividad profesional alguna" y "participaban de las ganancias" de la venta de estupefacientes.

De este modo, la Fiscalía acusa a seis de los acusados la coautoría de un presunto delito contra la salud pública, reclamando para cada uno de ellos ocho años de cárcel y multas de 231.231 euros. Además, para dos de ellos solicita tres años adicionales de prisión por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, solicitando la misma pena para un último inculpado encausado exclusivamente por este motivo.