Huesca no tiene un problema grave de ocupación ilegal de inmuebles

La Intendente de la Policía Local en Huesca, Beatriz Rivas, asegura que Huesca no tiene en estos momentos un problema grave de ocupación ilegal de inmuebles, pero se trabaja en la redacción de un protocolo de actuación en esta materia para defender a las personas que puedan resultar afectadas y si es necesario ofrecer una solución social.

La comisión mixta de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Huesca está trabajando en la redacción de un protocolo de actuación sobre ocupación ilegal de viviendas y solares en la ciudad. Se ha presentado el primer borrador de este protocolo, en el que han trabajado de forma transversal y coordinada la Policía Local de Huesca y técnicos de las Áreas de Derechos Sociales, Servicios Generales, Secretaría y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento.

Rivas ha manifestado que “no tenemos un problema grave de ocupación y tampoco hay que esperar a tenerlo”.

Uno de los objetivos de este protocolo es actuar, en caso necesario, de forma rápida. En este punto, la Intendente ha explicado que “se trata de hacer procedimientos rápidos y eficaces para conseguir el fin que no es otro que ejercitar la defensa de estas personas, tanto de particulares de bienes inmuebles o de la propia administración, y que puedan recuperar los mismos en caso de que hayan sido ocupados”. Es una “forma igualitaria de actuar en todos los casos y rápida porque en algunos casos de ocupación nos podemos encontrar con personas en estado de vulnerabilidad y que también hay que atender”.

El texto está centrado en la prevención, las posibles medidas a adoptar cuando se produzca un hecho de esta naturaleza y el apoyo a las víctimas y afectados. También recoge el marco jurídico de actuación y las competencias que le corresponden al Ayuntamiento. Rivas ha apuntado que “este protocolo pretende emprender actuaciones, previamente, preventivas, de observación, de recogida de datos, campañas de comunicación y puesta a disposición de la ciudadanía de información; después unas actuaciones operativas que afectan a la Policía y Servicios Sociales y actuaciones de apoyo a las víctimas”.

Ahora, los grupos municipales tienen un mes de plazo para analizar el texto y hacer las aportaciones que consideren necesarias.