Investigan la contratación fraudulenta de migrantes alojados en Sabiñánigo, mientras el Gobierno de Aragón critica la gestión estatal y exige garantías de inclusión social

El jefe de la Inspección de Trabajo de Aragón está investigando un posible caso de contratación fraudulenta que afecta a varios inmigrantes acogidos en Sabiñánigo. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, este miércoles en declaraciones a la prensa. Según ha explicado, estas personas recibieron una oferta de trabajo en Burgos que resultó ser falsa.

Beltrán señaló que “es necesario dialogar con los afectados para rastrear e investigar a fondo el caso. En las conversaciones telefónicas que hemos mantenido con la entidad implicada, no se detectó ningún fraude en un principio, ni en el contrato ni en la actividad que debían desarrollar. Ahora, debemos investigar qué ha ocurrido”.

Respecto a las responsabilidades, el delegado ha precisado que “una cosa es identificar el error y denunciarlo, para lo cual la entidad de acogida debería presentar una denuncia si corresponde, y otra es abordar la situación de vulnerabilidad en la que quedan las personas afectadas”. A su vez, Beltrán ha añadido que, en este contexto, la entidad de acogida tendría que personarse o denunciar, dado que también ha sido víctima del engaño al igual que los trabajadores. Sin embargo, ha destacado que la situación de vulnerabilidad de estas personas tiene un "estatus" diferente, ya que se trata de migrantes que ya cuentan con permiso de trabajo y residencia. “Es similar a una persona de 55 años que pierde su empleo y su vivienda, quedando en una situación de desamparo”, comparó.

Desde el Gobierno de Aragón, en un comunicado emitido por la Consejería de Bienestar Social y Familia, se ha denunciado que estos hechos reflejan “la falta de transparencia y opacidad con la que actúa el Gobierno de España y la Delegación del Gobierno en estos procesos”. El Ejecutivo aragonés ha calificado de “irresponsable” y “negligente” la actuación de la Delegación, acusándola de agravar la situación denunciada por las cuatro personas que han regresado a Aragón tras el incidente en Burgos.

La consejera de Bienestar Social y Familia ha instado al delegado a compartir la documentación relacionada con las contrataciones de estas personas, así como las renuncias voluntarias al recurso de acogida. Además, ha pedido que se explique públicamente qué mecanismos de control se aplican para asegurar la inclusión social y laboral de los beneficiarios de estos programas financiados por el Estado. “Exigimos más información, mayor coordinación, lealtad institucional y veracidad en las declaraciones”, ha subrayado.

Por su parte, la Comarca del Alto Gállego ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno un recurso adecuado para garantizar la inclusión de las personas que han retornado a Sabiñánigo en un programa de protección internacional. El pasado viernes, los Servicios Sociales de la Comarca, en colaboración con la ONG Bienvenidos Refugiados, se enteraron de que 10 personas habían regresado tras haber estado alojadas en las instalaciones de la entidad Apip-Acam en Pirenarium. Ante la situación de desamparo, se dio acogida temporal a ocho de estas personas durante el fin de semana en un recurso destinado a víctimas de violencia de género, pero el lunes debieron abandonarlo debido a la incompatibilidad de perfiles.

Actualmente, cuatro personas en Sabiñánigo, que dada su característica de migrantes en proceso de acogida, debe ser el Gobierno de España quien le proporcione el recurso adecuado. Por otra parte, el presidente de la Comarca del Alto Gállego, Primitivo Grasa, ha solicitado tanto al subdelegado del Gobierno, delegado y Ministra competente que tomen las medidas oportunas para que estas situaciones no vuelvan a producirse, garantizando la inclusión de las personas migrantes en los programas adecuados