Un hombre de Zaragoza consigue jubilarse a los 63 años con una pensión de 2.932 euros aunque la Seguridad Social se la denegó

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado una sentencia histórica al reconocer el derecho de un trabajador a acceder a la pensión de jubilación anticipada con el 100% de su base reguladora, que asciende a 2.932,14 euros al mes. El fallo desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había denegado su solicitud de pensión. Este caso, que ha conmocionado a muchos, destaca por la lucha incansable del demandante, que durante más de 42 años sufrió las secuelas de un grave traumatismo craneoencefálico y otras discapacidades que limitaban seriamente su capacidad laboral.

El trabajador de Zaragoza solicitó la jubilación anticipada a los 63 años debido a una discapacidad del 57% que arrastra desde su infancia. A pesar de haber trabajado durante más de cuatro décadas, el INSS rechazó inicialmente su solicitud, alegando que no cumplía con los 15 años de cotización necesarios desde que su discapacidad comenzó a afectarle en su capacidad laboral. Según el INSS, el reconocimiento de su discapacidad en 2010 marcaba el inicio de la patología, y, por tanto, no cumplía con los requisitos establecidos para la jubilación anticipada por discapacidad.

Sin embargo, el demandante argumentó que su discapacidad derivaba de un traumatismo craneoencefálico sufrido a la edad de tres años, lo que afectó su capacidad para trabajar a lo largo de toda su vida. La negativa del INSS llevó al trabajador a presentar una nueva solicitud en noviembre de 2023, que, si bien fue aceptada parcialmente, solo reconoció el 88,57% de la base reguladora, es decir, una pensión inferior a la que realmente le correspondía.

Descontento con esta decisión, el trabajador llevó su caso ante el Juzgado de lo Social n.º 4 de Zaragoza. Este tribunal dictó una sentencia favorable, reconociendo el derecho del demandante a recibir la pensión anticipada con el 100% de la base reguladora, que se cifra en 2.932,14 euros mensuales. Sin embargo, el INSS no aceptó la sentencia y presentó un recurso ante el TSJA, el cual se encargó de dirimir si el trabajador cumplía los requisitos establecidos para obtener el 100% de la pensión.

Un fallo que hace historia

El TSJA se pronunció a favor del demandante, considerando que la discapacidad había estado presente desde su infancia, tal y como establece el Real Decreto 370/2023, que modifica el Real Decreto 1851/2009. Este real decreto permite reducir la edad de jubilación para personas con discapacidades significativas. El tribunal subrayó que el daño cerebral sufrido por el trabajador desde su niñez justificaba su discapacidad y, por lo tanto, los 15 años de cotización necesarios desde el inicio de la patología también estaban cumplidos.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dejó claro que el traumatismo craneoencefálico sufrido en la infancia debía ser considerado como un daño cerebral adquirido, lo que incluía la aplicación de coeficientes reductores de edad para la jubilación anticipada. Estos coeficientes, previstos por la legislación, permiten que las personas con discapacidad accedan a la jubilación antes de lo habitual y con una base reguladora más favorable. Además, la discapacidad del 57% reconocida al trabajador estaba por encima del umbral mínimo del 45% que se requiere para poder aplicar dichos coeficientes.

En definitiva, el TSJA concluyó que el demandante cumplía todos los requisitos legales para acceder a la jubilación anticipada con el 100% de su base reguladora, una pensión mensual de 2.932,14 euros. Este fallo obliga al INSS a recalcular la pensión y a abonar la diferencia correspondiente desde la fecha en que se denegó inicialmente la solicitud.

Este caso marca un precedente relevante para aquellos trabajadores que, debido a enfermedades o discapacidades adquiridas a lo largo de su vida, luchan por obtener el reconocimiento de su derecho a una pensión justa. La sentencia refuerza la idea de que las condiciones de salud que afectan a una persona desde su niñez no pueden ser ignoradas por la administración, y que el derecho a la jubilación anticipada debe ser accesible para quienes han trabajado toda su vida, a pesar de las dificultades que les ha impuesto la discapacidad.

Un precedente importante

El fallo también subraya la importancia de interpretar la legislación de manera equitativa, garantizando que se respeten los derechos de los ciudadanos y que no se les prive de una pensión que legítimamente les corresponde debido a una interpretación restrictiva de la normativa.

Con esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha logrado devolver la esperanza a muchas personas que, como este trabajador zaragozano, luchan por que se reconozca su derecho a una pensión digna, justa y acorde con sus circunstancias de vida.