Pierde su cartera en Zaragoza, su supervisor la encuentra, descubre drogas y le despiden, pero la empresa tiene que readmitirlo

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha determinado que descubrir drogas en los objetos personales de un trabajador no justifica su despido si la manera en que se hallaron vulneró sus derechos. Así lo dicta una reciente sentencia en la que se declara improcedente el despido de un empleado que perdió su cartera en Zaragoza y que, tras ser encontrada por personal de seguridad, fue despedido al encontrarse dentro de ella una bolsita con anfetaminas.

Los hechos ocurrieron en julio de 2022, cuando el trabajador extravió su cartera en el autobús de transporte de empleados de una importante empresa automovilística. Fue el conductor quien la halló y la entregó a un auxiliar de seguridad a la entrada de la fábrica, quien posteriormente la pasó a un supervisor. Con la intención de identificar al dueño del objeto perdido, el personal de seguridad abrió la cartera y en su interior halló una pequeña cantidad de anfetaminas.

Este es el tiempo máximo que una persona puede estar sin trabajar, cobrando un sueldo y sin perder su puesto de trabajo

Al acudir a recoger su cartera, el trabajador fue despedido de manera disciplinaria bajo el argumento de que la introducción, venta o consumo de estupefacientes en el entorno laboral constituía una falta grave. Sin embargo, el empleado recurrió el despido ante los tribunales alegando una vulneración de su intimidad y cuestionando la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la empresa.

La justicia falla a favor

En un primer momento, el Juzgado de lo Social n.º 7 de Zaragoza declaró procedente el despido. No obstante, el trabajador recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que finalmente le dio la razón. La clave de la sentencia radica en que la inspección del objeto personal del empleado se realizó sin su presencia ni la de un representante legal, lo que incumple las garantías establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores establece que solo pueden llevarse a cabo registros sobre los efectos particulares de un empleado cuando sea necesario para la protección del patrimonio de la empresa o del resto de trabajadores. Además, estos deben realizarse dentro del centro de trabajo y en horario laboral, respetando al máximo la intimidad del empleado y con la presencia de un representante legal.

Debido a que en este caso el registro se realizó sin cumplir estos requisitos, el tribunal consideró la prueba obtenida como ilícita, lo que derivó en la declaración del despido como improcedente. La empresa se ve ahora obligada a readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 25.157,82 euros.

Implicaciones legales

Esta sentencia sienta un precedente importante en la protección de los derechos laborales, reforzando la importancia de respetar las garantías legales en el ámbito del trabajo. No solo pone de manifiesto la necesidad de que las empresas actúen con cautela a la hora de registrar pertenencias personales de sus empleados, sino que también recuerda que las pruebas obtenidas de manera ilícita no pueden ser utilizadas en contra de los trabajadores.

El fallo ha generado un debate sobre los límites del control empresarial y la privacidad de los empleados. Expertos en derecho laboral señalan que, si bien las empresas tienen el derecho de mantener un entorno seguro y libre de drogas, esto no puede hacerse vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores.

Además, este caso pone de relieve la importancia de que los empleados conozcan sus derechos y acudan a los tribunales cuando consideren que han sido vulnerados. En este sentido, organizaciones sindicales y especialistas en derecho laboral recomiendan revisar el Estatuto de los Trabajadores y consultar con asesores legales ante situaciones similares.