Roche: "Al sector agrario nadie tiene que darle lecciones de cómo hacer las cosas"
El responsable del sector de la fruta de UPA Jose Manuel Roche, ve con buenos ojos las medidas diseñadas por la DGA para evitar nuevos brotes en la campaña de recogida de la fruta

Entrevista a Jose Manuel Roche, responsable del sector de la fruta en UPA Aragón.
Madrid - Publicado el - Actualizado
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A punto de iniciarse la campaña de recogida de la fruta, la llegada de temporeros a las localidades aragonesas donde se va a llevar a cabo esa recolección, nos ha devuelto el miedo de lo ocurrido este verano en el que, por este motivo se dispararon los contagios en muchos municipios. Y es que el grueso de la campaña se concentra en los meses de julio y agosto.
Temporeros que van a llegar de otras localidades, de otras comunidades e incluso de otros países. Desde la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, calculan que al igual que otros años, llegarán unos 15.000 trabajadores de fuera a los que se sumarán los 6.000 que ya están empadronados en estos municipios. Las organizaciones agrarias ven con buenos ojos las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón para garantizar la contratación, el alojamiento y el transporte de los temporeros.
Entre esas medidas destaca que todos los temporeros tengan contrato y un alojamiento digno para evitar que estén hacinados como ha ocurrido otras veces. De hecho, los temporeros solo podrán desplazarse con una declaración responsable donde figure su domicilio. La normativa también obligará a las empresas que los contraten a comunicar, antes del inicio de la campaña, las previsiones de contratación, a través de la presentación de una declaración responsable en la que se comprometerán expresamente a cumplir las condiciones laborales y sanitarias y a dotar a los trabajadores temporales de unos alojamientos y unos medios de transportes adecuados.
Desde UPA aseguran que se están tomando todas las medidas para evitar que en esta campaña, estos trabajadores se conviertan en focos de contagios. Las organizaciones agrarias creen que estos trabajadores deberían venir con una PCR negativa, y que el coste de la prueba corra por cuenta de los empleadores.