El caso de las cinco adolescentes que han sido prostituidas en Asturias estando bajo la tutela del Principado está sacando a la luz otras situaciones delicadas en los centros de menores que dependen de la administración autonómica. "No estamos ante un caso aislado, existe descontrol", según ha denunciado el abogado Mario Díez que ejerce la defensa de otra menor tutelada que ha sufrido una agresión sexual y que recurrió a sus servicios "al no encontrar auxilio por parte del Principado" tras ser abierta la causa por un juzgado.

"El Gobierno de Asturias no quiere que se sepa lo que está ocurriendo y trata de taparlo", ha asegurado en COPE el letrado y presidente de la Asociación Justicia Poética que también está personada en el caso de las menores tuteladas de Baleares que sufrieron agresiones sexuales.

"El Principado impidió la defensa de una menor tutelada agredida sexualmente"

Díez ha explicado que el Principado le impidió durante un mes contactar con la menor pese a tener una escritura notarial que daba fe de que era su representante legal. Para conseguir ese documento, la adolescente tuvo que fugarse del centro en el que estaba interna. Ese poder fue remitido tanto al Presidente del Principado, Adrián Barbón, como a la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, para que tomaran cartas en el asunto. Finalmente, tuvo que intervenir un juez para poder visitar a la menor tutelada, según ha explicado el presidente de Justicia Poética.

Mario Díez se pregunta si "impedir la defensa de una menor que quiere tener su propio abogado también son cosas de la vida", en alusión a las declaraciones "demenciales" de la consejera de Derechos Sociales que negó fallos en el sistema y atribuyó a "cosas de la vida" que cinco menores bajo su tutela hubieran sido prostituidas por una red de explotación sexual que les ofrecía dinero y regalos a cambio de sus servicios.

"¿Quién le quita al Principado los niños que son prostituidos bajo su tutela?"

La conclusión a la que llega el letrado y presidente de Justicia Poética es que "los menores no están suficientemente protegidos bajo la tutela del Principado si acaban siendo explotados sexualmente". Mario Díez echa mano de la estadística para asegurar que el riesgo de sufrir delitos sexuales en esas circunstancias es 400 veces mayor que con la familia. "¿Si la administración le retira un hijo a sus padres por no saber cuidarlo, quién se los quita al Principado cuando son prostituidos bajo su tutela?", se ha preguntado este abogado.