1.000 euros de multa a Clece por cada día que su plantilla esté sin mascarillas

Un Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a la empresa contratada por el ayuntamiento de esta ciudad para prestar asistencia a domicilio a personas dependientes, Clece, a pagar una multa de 1.000 euros por cada día que pase sin que todos los trabajadores de ese servicio tengan mascarillas, guantes, batas desechables y gel desinfectante.

El criterio de esta resolución es completamente opuesto al que este mismo lunes estableció otro Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife respecto a ese mismo servicio en el Ayuntamiento de su ciudad, también al cargo de Clece, cuando el sindicato UGT le pidió que conminase a la empresa a facilitar de inmediato equipos de protección individual (EPIs) a toda su plantilla o suspendiera el trabajo hasta que ese material estuviera disponible.

La juez tinerfeña rechazó la petición de UGT por considerar que no se podía condenar al Ayuntamiento y a la empresa Clece "a cumplir una orden que resulta materialmente imposible según las leyes de la lógica y la realidad, dada la escasez de esos materiales que hay en estos momentos en España en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, un hecho que para ella era notorio y público".

Y tampoco aceptó que se suspendiera el servicio de atención a domicilio hasta que llegaran los EPIs, porque la tarea de esos trabajadores tiene "tal importancia que, en caso de no prestarse, la vida de un gran número de usuarios correría extremo peligro", advertía.

En un auto dictado el día 19, el Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria sostiene todo lo contrario: los trabajadores de asistencia a domicilio a personas dependientes "han de asimilarse al personal sanitario", por lo que deben contar con medios para proteger la salud y la de los ciudadanos a su cargo, "mayores o ancianos en su inmensa mayoría, con un altísimo nivel de riesgo frente al Covid-19", subraya.

En esa resolución, el Juzgado de lo Social de Las Palmas de Gran Canaria concedió a Clece un plazo "improrrogable" de 48 horas para que proporcionara a la plantilla de ese servicio de mascarillas, guantes, batas desechables y gel desinfectante.

Cumplido ese plazo, este lunes, el mismo juez dictó otro auto en el que daba a Clece 24 horas para cumplir lo exigido, con el apercibimiento de que a partir de entonces le impondría una multa de 1.000 euros por cada día que su personal carezca de EPIs.