Detectan un uso irregular de tarjetas de aparcamiento para movilidad reducida en Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria retiró en octubre más de una decena de tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (de uso personal e intransferible) al detectar su uso fraudulento, bien por corresponder a otra persona, estar caducadas o tratarse fotocopias sin validez.

Agentes de la unidad reforzaron el control de estos documentos acreditativos a raíz de diferentes avisos ciudadanos en los que se ponía de manifiesto la sospecha de que determinados estacionamientos para personas con movilidad reducida estaban siendo utilizados de forma indebida por conductores que no reunían las condiciones necesarias para ser usuarios de estas plazas reservadas.

A través de este dispositivo, la Policía Local retiró más de una decena de tarjetas que estaban siendo utilizadas de manera irregular dificultando el uso de estos espacios a los usuarios que sí están autorizados para ello y que realmente lo necesitan.

Los conductores fueron requeridos cuando hacían uso de estos documentos para acceder a recintos deportivos y otros lugares de gran afluencia.

El cuerpo municipal detectó que estos documentos retirados, que son de uso personal e intransferible, correspondían a otra persona, estaban caducados o bien se trataba de fotocopias que carecían de validez.

Por estos motivos, los agentes intervinieron todas estas y las remitieron al órgano competente del Gobierno de Canarias para su posterior cancelación.

Desde la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que estacionar vehículos en zonas reservadas para personas con movilidad reducida sin hacer uso de la tarjeta acreditativa de tal condición supone una sanción de 200 euros y la inmovilización del vehículo.

Además, el uso de este tipo de tarjetas por personas no legitimadas para ello puede suponer la incoación de diligencias penales por delitos de falsedad documental, con penas de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses, según indica la Policía LocaL.