Marlaska afirma que las devoluciones 'en caliente' se hacen con las "garantías máximas"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este jueves que las devoluciones 'en caliente' de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos se realizan en el marco de la normativa española y con "garantías máximas". El ministro se ha pronunciado así poco antes de que se conociera el fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha avalado esta práctica en la frontera de Melilla.

"Las devoluciones se realizan en el marco de la normativa española, que es trasunto de la normativa internacional en materia de derechos de los refugiados, en materia de los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y con un control judicial efectivo ante de la devolución. Todos los procedimientos tienen su control judicial (...) Todas las devoluciones se hacen con garantías máximas", ha explicado el ministro de Interior.

Marlaska ha mantenido este jueves un encuentro con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como con representantes de cabildos, municipios y del tercer sector, con los que ha compartido la "preocupación" por el repunte migratorio, si bien ha asegurado que la situación está "perfectamente controlada".

En rueda de prensa, ha destacado la coordinación existente entre Gobierno central y regional con el resto de instituciones y el tercer sector para afrontar este "repunte" migratorio, también ha matizado que la situación "no" es comparable a otras como la de 2006.

Asimismo ha incidido en que el Gobierno al que representa hace "política migratoria" y, a modo de ejemplo, exponía la respuesta que han dado a la llegada de inmigración por el Estrecho y el mar de Alborán donde "no había infraestructuras". Por ello, expuso que en la comisión interministerial para asuntos migratorios que se reunirá este viernes, 14 de febrero, que estará presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer lo tratado en este encuentro.

De todos modos, Marlaska señaló que la política migratoria "es de la Unión Europea (UE)", ya que es quien establece las "líneas generales" para hacerle frente, si bien en el caso de España explicó que se trabaja haciendo políticas de prevención, que haya "menos personas que tengan la necesidad" de salir de sus países de origen para "buscarse la vida"; cooperando al desarrollo de los países de origen; y luchando contra las redes y mafias ilegales, donde dijo tanto Policía Nacional como Guardia Civil están haciendo un trabajo "extraordinario".

Para ello, añadió, que se están aumentando los efectivos de personal y materiales en países como Marruecos, Mauritania, Senegal, Ghana, Mali o Níger, afirmando que existe "cooperación y se está implementando".

Asimismo, indicó que cuando los inmigrantes salen al mar, España hace los rescates que en 2018 se cifraron en casi 60.000, mientras que en 2019 se redujeron hasta casi 26.000 personas. Una vez que llegan al país, dijo, muchos deciden solicitar una protección internacional de refugiado, que en 2019 alcanzó los 118.000 expedientes, mientras que solo en enero de 2020 se han registrado 13.000 peticiones.

Por otro lado, al ser cuestionado por el auto que ha dictado el juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, en el que insta a las administraciones a subsanar las 'deficiencias' que existen en el mismo, Marlaska aseguró que comparte la "preocupación en todo momento por el respecto de los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, en este caso de los inmigrantes irregulares".

En relación con ello, indicó que el Gobierno central va a invertir 33 millones de euros para reformar los ocho CIEs que están abiertos en España, así como en la creación de un nuevo CIE en Algeciras, que responde a un "nuevo concepto".

CANARIAS PIDE MÁS RECURSOS

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calificado el encuentro como "muy importante" donde los cabildos han mostrado su disposición a aumentar las plazas convenidas para acoger a menores extranjeros no acompañados e incluso la suma de islas que no tienen acuerdo para acoger a migrantes; o la flexibilidad mostrada por corporaciones locales para aportar espacios.

También indicó que se ha pedido al Gobierno central que "flexibilice" llevar a cabo acciones que "no son propias" para atajar la situación migratoria, mientras que desde las organizaciones no gubernamentales se pide "racionalizar lo que está ocurriendo" en el archipiélago.

Estas peticiones han permitido trasladar al ministro y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloulm, también presente en el encuentro, la necesidad de que se deriven más recursos económicos, materiales, de espacios y humanos porque, dijo Torres, "hace falta lógicamente tener más recursos, más espacios".

Agregó que entre los que se prevén abrir de forma "inminente" está la cárcel de mujeres de Tenerife. Torres admitió que con "más recursos económicos" se pueden abrir más espacios". Sobre ello, el ministro apuntó que recientemente se han creado 900 plazas para asistencia humanitaria y se trabaja en ello "permanentemente".

El presidente canario expuso que en cuanto a los controles en origen, que son "importantes", se están haciendo con "más efectivos" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; mientras que solicitan que los protocolos de devolución se hagan con "todas las garantías de legalidad y de respeto de los derechos humanos", si bien apuntó se han reconocido que se hace.

Otra de las peticiones que han realizado al ministro es la de la activación de los protocolos de solidaridad con la Unión Europea (UE) con respecto a los flujos migratorios. Estas acciones, pidió, espera que se puedan activar en la "mayor brevedad posible".