"Nos despiden en el peor momento de la inmigración"

La plataforma de afectados de vigilantes de seguridad de Canarias denuncia el despido de 42 trabajadores que prestaban sus servicios en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Canarias 50.

Kevin Luzardo, afectado, critica que, tras la modificación del servicio a través de concurso público, la nueva adjudicataria; Cenpol no ha subrogado a los empleados de empresa saliente; Eulen con el consiguiente perjuicio para toda la plantilla.

Luzardo, en La Mañana de COPE Gran Canaria ha denunciado que “en la seguridad privada debes llevar contratado 7 meses y un día para hacer efectivo la consiguiente subrogración, algo que muchos empleados despedidos han cumplido”, sin embargo: “la nueva adjudicataria considera que al hacerlo en dos destinos diferentes; un hotel del sur de Gran Canaria y el Centro de Acogida del Canarias 50, no se consuma el tiempo mínimo exigido por la ley”.

El vigilante asegura que "el despido llega en el peor momento porque con el repunte de la imigración, se hace necesario trabajadores con experiencia en estas labores tan complicadas".

La plantilla estaba conformaba por 62 empleados, 42 de ellos han sido despedidos, preguntado por el futuro de los 20 que continúan realizando su trabajo, el trabajador de seguridad asegura que “están temerosos de que pronto sean despedidos porque están en la misma situación que los expulsados”.

Luzardo advierte que muchos de los empleados despedidos son mantenedores de familias, alerta de que “son padres y madres de familias que tienen facturas, hipotecas, comprar comida para mantener a sus familias y ahora se han quedado desamparadas”.

La plataforma también ha hecho público un comunicado en el que especifican que hacen labor de protección de bienes y personas, matizando que los trabajadores llevan desempeñando las mismas funciones desde el comienzo del confinamiento en el

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en el archipiélago canario empezaron a surgir estos servicios en pabellones, hoteles.

Los empleados de seguridad se sienten abandonados y por ello se han dirigido al Parlamento de Canarias con el objeto de pedir ayuda y luchar contra estos despidos que consideran improcedentes y volver a recuperar el puesto de trabajo para mantener una vida digna