Sancionados por la Ley Turística: "Me multan por vivir en mi casa"

La aplicación de la Ley de Turismo en Canarias continúa generando controversia entre los propietarios de apartamentos situados en zonas turísticas y que, según la normativa, deben suspender su residencia a la vez que traspasar su explotación a una empresa especializada.

La normativa prohíbe el uso de residencias en suelo destinado exclusivamente al turismo. Esto, ha llevado a numerosos residentes a enfrentarse a sanciones económicas, lo que ha generado el malestar entre los afectados.

"HE TENIDO QUE PAGAR 2.250 EUROS POR VIVIR EN MI CASA"

Uno de los casos que escuchamos en Herrera en COPE Gran Canaria es el de Pepa Sarmiento; es propietaria de un apartamento en el complejo Las Algas, donde reside desde hace más de 60 años “sin ningún problema de convivencia con los turistas”. A pesar de que considera que su vivienda es legítimamente suya, ha recibido una sanción de 2.250 euros “que tuve que pagar”, por residir “en mi casa”, decidió interponer un recurso y el proceso fue trasladado al contencioso pendiente de resolución.

Para Pepa, la reciente decisión del Gobierno de Canarias de suspender temporalmente las sanciones es “un engañabobos”, ya que el decreto establece un pazo de tres años para que la Consejería de Turismo decida que hacer con estos casos: “durante tres años me voy a someter a un calvario de papeles que debo presentar y no entiendo por qué debo hacerlo, si la propiedad es mía” asegura indignada, entiende que “esta ley no responde a un mundo globalizado” y se pregunta por qué no puede alquilar su vivienda sin entregarla a un explotador “cuando vemos que en internet hay miles de personas que alquilan sin problemas su vivienda aún en suelo turístico.”

"VIVO EN UN PAÍS DONDE NO HAY DERECHO A LA PROPIEDAD"

Otro caso es el de Toñi López, quien lleva vivienda en su apartamento situado en el complejo Babalú, lleva residiendo desde 2006 y también ha sido sancionada con una multa de 2.250 euros, su frustración es evidente: “me consideran que estoy vivienda en un país donde no tengo derecho a nada, no entiendo por qué esta ley me quita mi propiedad”, se lamenta. Además, también coincide y cree que la suspensión de la sanción a través del nuevo decreto “como un reconocimiento implícito a que la propiedad no es mía y eso no es así”. Cree que el simple hecho de aprobar el decreto “es pretender decir que vivo de forma ilegal cuando compré mi vivienda y además no tengo donde ir.”

El conflicto entre propietarios y la administración autonómica sigue sin resolverse. Aunque el Gobierno ha anunciado la suspensión de sanciones mientras revisa la normativa, los afectados consideran que esta decisión solo prolonga su angustia y no resuelva el problema de fondo.

Los casos de Pepa y Toñi son ejemplos claros de lo lejana que están las posturas, mientras los propietarios piden la suspensión de la normativa porque su propiedad queda entredicho, el ejecutivo continúa busca un marco normativo que garantice que el suelo turístico sea solo para actividades relacionadas con el sector.