No estaba dada de alta en la Seguridad Social, pero esta empleada del hogar de Canarias consiguió así su pensión

En un fallo judicial que marca un precedente importante para los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) ha dado la razón a una empleada del hogar que solicitó la pensión de incapacidad permanente total, a pesar de no estar dada de alta en la Seguridad Social en el momento en que la solicitó. Este es uno de los requisitos establecidos por la legislación para poder acceder a esta prestación.

La historia comenzó cuando la trabajadora, que sufría graves problemas de salud, decidió solicitar una pensión por incapacidad permanente total, tras haber sido diagnosticada con lesiones en la cadera y discopatía lumbar. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la solicitud, argumentando que no cumplía con el requisito de estar dada de alta en la Seguridad Social en el momento de la solicitud, tal como exige la Ley General de la Seguridad Social.

A pesar de esta negativa, la trabajadora no se rindió. En lugar de abandonar su lucha, decidió recurrir la decisión ante el Juzgado de lo Social número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que estimó favorablemente su demanda. El INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no se dieron por vencidos y presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que finalmente ratificó la sentencia del juzgado de primera instancia. El TSJ reconoció que la trabajadora merecía la pensión, a pesar de no cumplir con el requisito de alta en la Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no solo basó su fallo en la situación concreta de la trabajadora, sino que también recordó la jurisprudencia que ha atenuado la exigencia del alta o situación asimilada para acceder a prestaciones como la incapacidad permanente. En su sentencia, el TSJ pone énfasis en la interpretación humanizadora de la ley, que tiene en cuenta las circunstancias individuales de cada caso y busca evitar situaciones de desprotección.

La evolución de los derechos laborales

Además, el tribunal subrayó que si no se le reconociera la pensión, se estaría produciendo una discriminación indirecta por razón de sexo. En su razonamiento, destacaron que el trabajo en el hogar está “evidentemente feminizado”, lo que podría suponer una desventaja para las trabajadoras del hogar que no han tenido la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social por las particularidades de su trabajo.

El caso de esta empleada del hogar se inscribe dentro de un contexto más amplio de cambios legislativos y de sensibilización social respecto a la situación laboral de las trabajadoras del hogar en España. En 2022, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2022, se dio un paso importante para que estas trabajadoras pudieran acceder al sistema de protección por desempleo, una medida que hasta entonces no estaba disponible para muchas de ellas.

Sin embargo, el TSJ de Canarias recordó que, en el momento en que esta trabajadora solicitó la pensión, no existía un marco legal que permitiera a las trabajadoras del hogar cotizar por desempleo. Esto, según el tribunal, constituye un agravio comparativo, ya que los hombres y mujeres en otros sectores sí tienen acceso a esa cobertura.

El fallo del TSJ de Canarias también hace referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero de 2022, que declaró que cualquier trato diferenciado en el ámbito de la Seguridad Social que afecte de manera desproporcionada a las mujeres podría considerarse discriminación indirecta por razón de sexo. En este caso, la falta de acceso a la pensión de incapacidad permanente total para una trabajadora del hogar se enmarcaría dentro de esta discriminación.

Un paso hacia la igualdad en la Seguridad Social

El TSJ considera que, en un sector tan feminizado como el trabajo doméstico, no se puede colocar a la trabajadora en una situación de desigualdad respecto a otros trabajadores, ya que su empleo no cesó voluntariamente, sino que estuvo determinado por las limitaciones físicas que le impedían seguir trabajando. Por lo tanto, negar la pensión de incapacidad permanente total implicaría una vulneración de sus derechos fundamentales.

Este caso resalta la importancia de seguir evolucionando en la interpretación de las leyes laborales y de la Seguridad Social en España, adaptándolas a las realidades y necesidades de los sectores más vulnerables, como el trabajo doméstico. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no solo representa una victoria para esta trabajadora, sino que también constituye un paso significativo hacia la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ámbito de la Seguridad Social, especialmente en lo que respecta a las prestaciones por incapacidad y jubilación.