Santiago Pérez: “La prioridad de la Gerencia de Urbanismo es perseguir la gran infracción”

El director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna y concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para explicar el proceso que se lleva a cabo desde su departamento en los expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística.

Santiago Pérez ha recordado que en el mes de septiembre del año 2020 se aprobó una instrucción interna “para establecer prioridades en materia de disciplina urbanística, que es lo que le corresponde hacer al Gobierno en su función de dirección de la Administración pública”. Esa prioridad fue “dedicar el mayor esfuerzo a controlar la gran infracción urbanística” y a ello “se dedican los mayores recursos”, frente a pequeñas infracciones que “no tienen ninguna trascendencia territorial, no invaden suelo agrícola, no invaden el dominio público marítimo terrestre, ni sus zonas de servidumbre”.

“La instrucción no establece en ningún momento que no se abran un expediente sancionatorio”, ha aclarado Santiago Pérez. “En ningún momento se excluye la apertura de expedientes sancionatorios, pero se establecen prioridades y la prioridad de este Gobierno es defender el territorio y eso significa atajar la disciplina urbanística para que no se consolide y se convierta en irreversible”.

Ante la solicitud de Coalición Canaria de celebrar un pleno extraordinario para abordar la apertura de dos expedientes sancionadores de índole urbanístico, Santiago Pérez ha advertido que “el secretario general del pleno dice en un informe que no se puede pedir un acuerdo plenario que se refiera solo a dos ciudadanos, porque esas infracciones no las han cometido en el ejercicio de su cargo público”.

“Lo que está pidiendo Coalición Canaria es que quienes han cometido infracciones urbanísticas, en lugar de exigirles que legalicen o demuelan, además se les imponga una multa. Estamos hablando de más de 2.000 ciudadanos de la Laguna”, ha señalado el edil de Ordenación del Territorio.

Además, “si el Pleno acordara abrir un expediente sancionatorio solo a dos personas, dice el secretario, estaría infringiendo el artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley. Y si alguien votara eso en el pleno, que asuma las responsabilidades jurídicas de aprobar un acuerdo contra la Constitución y contra un derecho fundamental”, ha indicado Santiago Pérez, “porque el pleno del Ayuntamiento tiene como objeto controlar la acción de los gobernantes en el ejercicio de funciones de gobierno, no su actividad como ciudadanos”.

Mejora en los tiempos de tramitación

Santiago Pérez detalló que durante el periodo 2015 y 2019, la Gerencia de Urbanismo tramitó y resolvió 175 expedientes en materia de restablecimiento, frente a los 230 expedientes en lo que va de mandato, lo que supone un 31% más, faltando aún ocho meses para finalizar este periodo de gobierno municipal.

Estos expedientes se tramitaban en un tiempo medio de 489 días, frente a los 260 actuales (lo que supone una reducción del 46%). “Esto significa que la protección del territorio está resultando mucho más eficiente y esto es lo que la ciudadanía el reclama de un gobierno municipal en materia de protección de la legalidad del territorio”, ha señalado Santiago Pérez.

En esta misma línea, respecto a los expedientes de conservación, en el anterior mandato se resolvieron hasta 154, frente a los 245 expedientes en el actual, lo que supone un 58% más. Estos expedientes se tramitaban en un tiempo medio de 613 días, frente a los 283 días actuales (una reducción del 53%). Si se considera el tiempo transcurrido desde los últimos cambios organizativos, la media ha bajado ya hasta los 133 días.

Además, Santiago Pérez ha recordado que la Gerencia de Urbanismo ha tramitado y concedido en el último año “más de 600 licencias urbanísticas frente a la del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha concedido poco más de 400”. Estamos hablando de sus datos.

También el tiempo medio de tramitación de licencias urbanísticas se ha visto reducido de forma considerable respecto al anterior mandato, pasando de un tiempo medio de 82 días a los 40 días de media en el último trimestre.