Golpe al autoconsumo de huevos en Cantabria: multas de hasta 3.000 euros para quienes tengan gallinas

En zonas España, sobre todo en los pueblos, muchas familias han optado durante generaciones por tener gallinas en sus patios o fincas para garantizar el autoconsumo de huevos. Sin embargo, la entrada en vigor de nuevas normativas ha puesto en jaque esta tradición. El Real Decreto 637/2021, que regula las explotaciones avícolas, establece que todas las aves deben estar registradas, incluso aquellas que no se destinan a la venta. De no cumplir con esta obligación, los propietarios pueden enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

Este decreto, aunque fue aprobado en 2021, incluía un plazo de adaptación para las explotaciones avícolas ya existentes. Así, desde el 1 de enero de 2024, cualquier persona que posea gallinas para autoconsumo debe cumplir con las mismas obligaciones que quienes gestionan explotaciones de mayor tamaño. La normativa busca garantizar la trazabilidad de las aves y prevenir la propagación de enfermedades, aunque muchas personas en el ámbito rural lo ven como un obstáculo burocrático más para su modo de vida.

Registro obligatorio

Desde el 1 de enero de 2024, todas las explotaciones avícolas, incluidas las de autoconsumo, deben estar inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas. Aunque las pequeñas granjas destinadas exclusivamente al autoconsumo no necesitan una autorización previa, sí deben notificar su existencia a las autoridades competentes. Este registro permite a las administraciones tener un control sobre el número de aves y aplicar protocolos en caso de brotes de enfermedades como la gripe aviar.

Además, es obligatorio identificar un veterinario de referencia, al que recurrir en caso de problemas sanitarios. Este requisito ha despertado críticas, ya que muchos pequeños productores consideran innecesario este trámite para quienes solo poseen unas pocas gallinas. Sin embargo, la Administración defiende que esta medida es crucial para detectar y controlar enfermedades en las aves de corral, protegiendo así a toda la cadena de producción avícola.

Otro de los puntos clave de la normativa es la prohibición de realizar intervenciones quirúrgicas innecesarias en las aves. Según el decreto, no se pueden llevar a cabo procedimientos que alteren la estructura ósea o que causen lesiones, salvo en casos justificados y siempre bajo supervisión veterinaria. En situaciones excepcionales, como el recorte de picos o la castración de pollos, se exige que la intervención quede documentada y sea realizada por personal cualificado.

Adicionalmente, la ley establece que las aves deben contar con condiciones adecuadas de bienestar. Esto implica que los gallineros deben estar limpios, bien ventilados y permitir el acceso a agua y comida en cantidad suficiente. También se exige que los suelos sean adecuados para evitar lesiones en las aves. Todas estas medidas están orientadas a mejorar el trato hacia los animales, aunque muchos pequeños productores creen que estas normas se han diseñado pensando en las grandes explotaciones y no en quienes solo tienen unas pocas gallinas en casa.

Multas de hasta 3.000 euros

Las sanciones derivadas de la falta de registro o del incumplimiento de las normativas se rigen por la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales y el Real Decreto 1945/1983 sobre infracciones en la producción agroalimentaria. Las infracciones leves, como no registrar las gallinas, pueden acarrear multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

Estas sanciones han generado malestar entre muchas familias que simplemente querían asegurarse un suministro propio de huevos sin intención de venderlos. Algunas asociaciones han pedido que se flexibilicen las normas para los pequeños productores, argumentando que no tiene sentido imponer las mismas regulaciones a una familia con cinco gallinas que a una granja con miles de aves. No obstante, las autoridades insisten en que estas normativas son necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y la sanidad animal.

El endurecimiento de las normas ha generado controversia entre los habitantes del medio rural, quienes consideran que estas medidas afectan a la soberanía alimentaria y dificultan la preservación de tradiciones. No obstante, el Gobierno defiende que estas regulaciones son necesarias para garantizar el bienestar animal y prevenir posibles problemas sanitarios en el sector avícola. Además, se espera que con estas medidas se reduzca el riesgo de propagación de enfermedades entre las aves y se asegure una mejor calidad de vida para los animales.