La Guardia Civil multiplica en un día por 4 las sanciones por no respetar el confinamiento en Cantabria

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad advierten del aumento de conductas insolidarias en Cantabria por parte de algunos ciudadanos y frente a las que se está actuando instruyendo propuestas de sanción por incumplimientos de las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma. Muestra de ello es el incremento de las propuestas de sanción que los agentes están interponiendo, que en el caso de la Guardia Civil han pasado de 153 el lunes 23 a 517 ayer martes 24 y también de la Policía Nacional, que levantó 121 actas de sanción el lunes y 150 ayer martes.

A pesar de que la mayoría de los cántabros y las cántabras están cumpliendo con lo decretado por el Gobierno de España, “hay ciudadanos que parece que aún no han comprendido que estamos en Estado de Alarma por una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente”, asegura la Delegada del Gobierno Ainoa Quiñones.

Por ello, desde la Guardia Civil y la Policía Nacional se insiste en pedir a los ciudadanos, como establece el Real Decreto de Estado de Alarma, solo salir de la vivienda para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, o la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. También están considerados desplazamientos necesarios y, por tanto permitidos, acudir al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, ir a entidades financieras y de seguros o cualquier otra actividad e análoga naturaleza.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad insisten en ello porque hay personas que utilizan estos desplazamientos autorizados como excusa para dar paseos largos y estar en la vía pública durante más tiempo del recomendado por las autoridades sanitarias.

Desde que entró en vigor el Estado de Alarma, entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han instruido 3.113 propuestas de sanción, de ellas 765 ayer martes, y se ha detenido a 21 personas por incumplimientos graves de las medidas del Real Decreto.