Cantabria implementa medidas drásticas contra imprudentes en situaciones de riesgo

El número de rescates en Cantabria está aumentando de manera preocupante, reflejando una tendencia alarmante en la región. Durante el año pasado se realizaron un total de 185 rescates, una cifra que ya generaba inquietud entre las autoridades locales. Sin embargo, en lo que va del 2024, la situación no parece mejorar. Entre el 15 de junio y el 29 de julio de este año, ya se han producido 48 rescates, un dato que alerta sobre la necesidad urgente de tomar medidas más estrictas y efectivas para proteger tanto a los ciudadanos como a los servicios de rescate.

La situación no solo se limita a estadísticas. Ayer mismo, dos personas tuvieron que ser evacuadas en operaciones de rescate: un hombre de 53 años en el Faro Caballo en Santoña y un montañero en la ruta de La Hermida. Estos incidentes no son casos aislados y representan un patrón en el cual actividades recreativas en entornos naturales se tornan peligrosas, ya sea por falta de preparación, desconocimiento de los riesgos, o simple imprudencia. Este incremento en los rescates lleva a preguntarse: ¿Qué se está haciendo para prevenir estos incidentes y cómo se pueden evitar futuros peligros?

Un Mapa para Sancionar la Imprudencia

Para abordar esta problemática, el Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado recientemente el primer mapa de riesgos de la región. Este innovador instrumento permitirá identificar de manera detallada las zonas de peligro y las condiciones que presentan riesgos significativos. Pero más allá de ser una herramienta de planificación, este mapa servirá para cambiar el enfoque en la gestión de los rescates y las sanciones relacionadas con conductas imprudentes.

Según Mónica Escobedo, directora general de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria, este mapa es una herramienta crucial para diferenciar entre los casos de rescate legítimos y aquellos donde la imprudencia ha jugado un papel determinante. Hasta ahora, los mapas de riesgos existían solo como documentos técnicos sin una aplicación legal directa. Con esta nueva medida, el mapa no solo se convierte en un documento cartográfico, sino en una herramienta jurídica que permitirá sancionar comportamientos imprudentes.

El objetivo no es recaudar dinero, sino garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. Cantabria no tiene un afán recaudatorio en los rescates, sino que busca establecer un régimen sancionador más justo y adaptado a la realidad. El sistema de tasas, que rara vez se aplica, no encaja adecuadamente con las situaciones y rescates reales. Este nuevo enfoque busca que, en lugar de cobrar una tasa, se puedan aplicar sanciones cuando se demuestre que ha habido imprudencia.

Una de las principales ventajas de este nuevo mapa de riesgos es que reducirá la subjetividad en la toma de decisiones sobre qué conductas se consideran imprudentes. Hasta ahora, determinar si un comportamiento era sancionable dependía en gran medida de la interpretación de los individuos involucrados, lo que podía llevar a decisiones inconsistentes. Con la creación de este marco jurídico, se establecerán criterios claros y objetivos para definir cuándo una acción entra en el ámbito de la imprudencia.

Por ejemplo, "si hay un aviso oficial de alto riesgo de olas y alguien decide hacer surf a pesar de la advertencia, ese comportamiento podría ser considerado imprudente y, por lo tanto, sancionable". Sin embargo, no siempre es sencillo objetivar estas conductas, ya que algunas personas pueden estar más preparadas que otras para enfrentar ciertos riesgos, o pueden carecer de la previsión necesaria para reconocer el peligro. Este mapa permitirá analizar cada situación de manera más precisa, asegurando que las sanciones solo se apliquen cuando realmente sea necesario.

Hacia una Legislación Más Efectiva

La implementación de este mapa de riesgos también implica un cambio en la legislación de la región. Para que este sistema sea plenamente efectivo, el Gobierno de Cantabria deberá modificar la Ley de Protección Civil, lo cual requiere el apoyo de otras fuerzas políticas en el parlamento, como VOX o PRC. Esta es una propuesta ambiciosa que busca no solo mejorar la seguridad y la protección ciudadana, sino también crear un entorno más responsable en el uso de los espacios naturales y la realización de actividades de riesgo.

El nuevo enfoque de Cantabria se centra en la idea de que la prevención es la mejor forma de protección. Al tener un documento oficial y legalmente vinculante, las autoridades podrán planificar mejor, preparar planes de autoprotección adecuados y tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar los riesgos. Este enfoque permitirá, no solo proteger a los ciudadanos, sino también garantizar que los servicios de rescate se utilicen de manera efectiva y eficiente, sin ser desbordados por incidentes evitables.