Alerta en Albacete: no ceder la plaza de toros a una empresa taurina puede costar entre 15.000 y 20.000 a un Ayuntamiento

Empresas taurinas operan a nivel nacional alquilando plazas de toros en municipios a los que han llegado a estafar presuntamente entre 10.000 y 20.000 euros. En Albacete, ha ocurrido en al menos 3 localidades; en Ossa de Montiel, Alcaraz y Alcadozo.

¿Cómo actúan estas empresas?

El modus operandi de estas empresas consiste en enviar una petición a los Ayuntamientos para alquilar esas plazas de toros en fechas poco viables como por ejemplo, en el día de año nuevo.

Si la respuesta es negativa por parte del consistorio, hay un “hueco legal”, y esta empresa se basa en la vulneración de derechos fundamentales, en el artículo 14 de la Constitución, exigiendo una indemnización. Un proceso que le ha costado al municipio de Ossa de Montiel 15.000 euros. Alejandro Chilleron es el alcalde de la localidad y así lo relataba en Cope Albacete: “Fuimos de los primeros municipios afectados. Nos pilló por sorpresa, y nadie se imagina que por una simple solicitud de una empresa para una alquilar una plaza de toros, tendríamos que pagar 15.000 euros a esta empresa por denegar esa solicitud”, explica.

Otros municipios como Alcadozo o Alcaraz también se han visto afectados. Ángel Alfaro nos contaba en Cope Albacete como se pusieron en contacto con él: “Yo recibí el día 9 de septiembre la petición de la Plaza de toros para celebrar una novillada picada el 12 de octubre, algo que se viene arrastrando desde hace años y que no se iba a dar, igual que otros municipios al que se lo han pedido, y han tenido gastos de procesos judiciales. Aquí este señor alega la vulneración de derechos fundamentales según el artículo 14 de la Constitución. Y esto es ¡Una estafa en toda regla!... Una forma fácil de ganar dinero”, afirma.

¿Cómo actuar ante una situación similar?

La conclusión es sencilla, ante una petición así se debe contestar afirmativamente, para que no haya ningún tipo de discriminación jurídica.

Ángel Alfaro, alcalde de Alcadozo, explica que si el municipio se niega, la empresa denuncia por vulneración de los derechos fundamentales, porque a otras empresas si se les permitió el uso de la plaza, por lo que nos recomienda que ante esta situación lo mejor es contestar de forma afirmativa y midiendo cada palabra que se dice y a su vez sería conveniente que: “pedir documentación a la empresa, preguntar qué cartel, decirle que se tiene que hacer cargo de todos los gastos que lleve ese día la plaza y que tiene que requerir. Hay que tener mucha cautela y por supuesto, siempre estar en alarma. Y siempre ponerse en contacto con los servicios jurídicos de diputación para que sean ellos los que se pongan en contacto con la empresa”, explica.

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Explica cómo debemos actuar ante una situación similar.

Estas presuntas estafas han llegado al pleno de la Diputación

El diputado y alcalde de Alcadozo, Ángel Alfaro, llevaba esta cuestión al turno de ruegos y preguntas: “Señor presidente le pido amparo para el Ayuntamiento que presido, porque somos víctimas de lo que nosotros entendemos que es una estafa”, exponía.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, afirmaba estar al tanto de la situación: “desde presidencia ya hemos puesto esta situación en mano de los servicios jurídicos de esta casa, para que presten asistencia a los afectados”, señalaba.

Comunicado de prensa de aepet 

La Asociación Española de Promotores de Espectáculos Taurinos (AEPET) quiere manifestarse respecto a la noticia publicada por Cope Albacete donde se expone que hay un intento de estafa por parte de varias empresas “falsas” que pretenden alquilar plazas de toros en Ayuntamientos de la provincia de Albacete en base a un vacío legal:

Primero: Han sido varias empresas legalmente constituidas, y por lo tanto no cabe el calificativo de falsas, pertenecientes a esta Asociación las que han interpuesto reiteradas demandas contra los ayuntamientos que constan en la noticia referida y varios más y supuestamente estafados. 

El motivo de dichas demandas ha sido por una práctica habitual ilícita de muchos ayuntamientos que solamente autorizan el uso de la plaza de toros municipal a empresarios amigos del alcalde de turno o sus concejales.

Fruto de esas demandas han sido dictadas 10 Sentencias FIRMES por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha en las que se determina que los hechos denunciados constituyen no solo una vulneración del artículo 14 de la Constitución Española que conlleva una discriminación flagrante, sino además una vulneración del principio de libre competencia de las empresas. 

Segundo: Dichas Sentencias Firmes establecen unas indemnizaciones concretas en cada caso para reparar los daños que suponen sufrir una discriminación. Todo ello encuadrado en el marco del derecho a ser resarcido que asiste a todo ciudadano que ve vulnerados sus derechos, por lo que señalar como una estafa el pago a un administrado en concepto de indemnización por daños y perjuicios para dar cumplimiento a una orden judicial resulta cuanto menos irrisorio y surrealista.

Hablar de estafa respecto a unos hechos enjuiciados y en base a los cuales un órgano jurisdiccional establece una indemnización concreta, deja claro a parte de la mala fe, el bajo nivel de preparación jurídica de quien manifiesta semejante barbaridad.

Tercero: Respecto al vacío legal del que se habla en la noticia referida y que abre la puerta a la “supuesta estafa”, hemos de manifestar que NO EXISTE NINGUN VACIO LEGAL AL RESPECTO, pues el derecho de igualdad de trato es uno de los derechos más claros e ininterpretables de nuestro ordenamiento jurídico, y está incluido precisamente dentro de los derechos Fundamentales de nuestra Carta Magna que gozan del máximo nivel de protección contra su vulneración.

Por todo lo expuesto esperamos que quede claro que no existen empresas falsas que se dirigen a ayuntamientos para alquilar plazas de toros, que el dinero que los ayuntamientos referidos pagan a empresas del sector taurino es por orden judicial en concepto de indemnización por discriminación, y que esta Asociación va a seguir defendiendo en el orden jurisdiccional correspondiente cualquier discriminación que sufran sus asociados en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española que asiste a todo ciudadano español.

Cuarto: A los habitantes de las localidades que han tenido que indemnizar a varios de nuestros asociados por la discriminación sufrida, queremos manifestarles que esta asociación va a iniciar las acciones legales pertinentes contra los alcaldes de estas en virtud de la responsabilidad personalísima que les atribuye la Ley 15/2022 de 12 de Julio, en la que constan sanciones de hasta 40 mil Euros para todo cargo público que lleve a cabo una discriminación.

De no rectificar las palabras vertidas en la cadena cope el señor alcalde de Alcadozo, se iniciarán acciones en el orden jurisdiccional penal contra el mismo por un presunto delito de injurias y calumnias.