Hallan una instalación oculta en una empresa de Puertollano para falsear las condiciones de sus vertidos

Las sanciones para este tipo de hechos oscilan entre los 50.000 y 500.000 euros para las graves, y de entre 500.000 y 1.000.000 euros para las muy graves

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha incoado un expediente sancionador a una industria, situada en el término municipal de Puertollano, por realizar vertidos susceptibles de contaminar el Dominio Público Hidráulico y tener instalado un sistema de dilución del vertido.

Una vez se concluyan los análisis de las muestras recogidas, realizados los informes pertinentes, y atendiendo a las circunstancias particulares de los hechos, se podrá remitir denuncia a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, sección de Medio Ambiente, para que se instruyan las diligencias penales que pudieran derivarse de los hechos, según ha informado la CHG en un comunicado.

Las sanciones que contempla la normativa para este tipo de hechos oscilan entre una multa de entre 50.000 y 500.000 euros si la infracción es calificada como grave, y de entre 500.000 y 1.000.000 euros si la misma se califica como muy grave.

ALTERABAN LAS CONDICIONES DE LOS VERTIDOS

La CHG ha explicado que el dispositivo empleado por la empresa permitía alterar las condiciones de vertido en el punto oficial fijado para la recogida de las muestras.

Para ello se servían de una conducción, sita en la instalación y oculta en un registro, por la que se impulsaba una corriente de agua de gran caudal y buena calidad cuando se realizaban las inspecciones por el Organismo de cuenca.

Dicha corriente, unida a la de agua residual, facilitaba el cumplimiento de los límites legales autorizados y ocultaba una realidad distinta a la Administración.

La CHG ha recordado que el empleo de técnicas de dilución está expresamente prohibido en el artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La detección de los hechos ha sido posible gracias al esfuerzo de los inspectores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, mediante el empleo de equipos de medición “in situ” de la calidad del agua, que pusieron de manifiesto la discordancia existente en los parámetros de vertido.

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