Las mujeres mayores de 55 alzan la voz
¿Qué pasa con los mayores de 55 años que quieren trabajar? "No quiero seguir dependiendo de nadie"
En España, miles de mujeres mayores de 55 años se enfrentan al silencio laboral, la falta de oportunidades y la imposibilidad de acceder a una pensión digna
Toledo - Publicado el
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"Solo pedimos trabajar, tener una dignidad. No sé dónde están los derechos de la mujer trabajadora". Estas palabras de María del Carmen de la Cruz, una toledana de 67 años, resumen el drama silencioso que viven cientos de mujeres mayores de 55 años en Castilla-La Mancha.
María del Carmen se encuentra atrapada en una realidad que combina discriminación laboral por edad, la precariedad de las pensiones y un sistema de ayudas insuficiente. Con doce años cotizados, aún le faltan tres para poder recibir una pensión contributiva mínima, y mientras tanto, no tiene derecho a ninguna prestación. “Pensé que al menos me correspondería una parte proporcional, pero no. Esos 12 años se los queda el Estado. Y mientras tanto, dependo de mi marido para cosas tan básicas como cortarme el pelo, es humillante, no te haces una idea”.
Una generación atrapada en la invisibilidad laboral
El caso de María del Carmen no es único. En Castilla-La Mancha, una comunidad que este año celebra cifras récord de empleo con más de 785.000 personas trabajando, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el desempleo entre las personas mayores de 55 años sigue siendo una asignatura pendiente.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno regional, que ha puesto en marcha ocho planes de empleo desde 2015, los mayores de 55 años, especialmente las mujeres, enfrentan barreras casi insalvables para reinsertarse en el mercado laboral.
“Las empresas nos arrinconan como si no valiéramos nada, no quieren personas mayores. Yo he hecho cursos, puedo trabajar, pero no me dejan. Estoy desesperada”.
Una mujer de la tercera edad que busca soluciones desesperadas para conseguir una vida laboral
¿Más empleo para todos? La otra cara de los datos positivos
Este 2024 ha sido calificado como un año “muy positivo” para la región por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. El balance incluye hitos como la creación de 200.000 empleos desde el inicio del mandato del presidente Emiliano García-Page y un aumento significativo de población. Sin embargo, para las personas como María del Carmen, estos logros parecen no traducirse en soluciones reales.
“Me encuentro bien de salud y estoy dispuesta a trabajar en lo que sea: limpieza, jardinería, supermercado. Pero nadie me llama. Hace poco, un encargado de una empresa fue muy sincero conmigo y me dijo que, con mi edad, las empresas ni siquiera considerarían mi solicitud. Es muy humillante”, comparte.
El rol de las políticas de empleo en la inclusión de los mayores
El Gobierno regional ha destacado la importancia de los acuerdos con agentes sociales y la puesta en marcha de planes enfocados en las familias más vulnerables. En palabras de Padilla, Castilla-La Mancha ha avanzado significativamente en igualdad y derechos sociales, como demuestra la reciente ley contra la brecha salarial y la ampliación de ayudas por violencia de género.
La realidad que enfrenta María del Carmen no solo es un problema de edadismo laboral, sino también de perspectiva de género. “En este país se habla mucho de derechos, pero yo me pregunto dónde están los míos como mujer trabajadora. Mi marido es una buena persona, pero tener que pedirle dinero para todo es degradante. Lo que quiero es trabajar y tener dignidad”, reclama.
Una historia que exige respuestas
La historia de María del Carmen es un recordatorio de que el progreso económico no siempre llega a todos por igual. En un contexto en el que Castilla-La Mancha celebra avances históricos en empleo y derechos sociales, es crucial que las voces como la de María del Carmen no se queden en el olvido.
“Yo no pido caridad, solo quiero trabajar. Tener una jubilación algún día y, sobre todo, no depender de nadie”, concluye.
Es una demanda que interpela tanto a la sociedad como a las instituciones: garantizar que el derecho al trabajo y a una vida digna sea una realidad para todos, independientemente de la edad o el género.