El Arzobispado de Burgos ofrece ayuda económica a las clarisas de Belorado para afrontar sus gastos

La Archidócesis de Burgos, a través de un nota de prensa, ha dado respuesta al comunicado difundido en redes sociales por la comunidad de Clarisas de Belorado el pasado 13 de junio. En este escrito, las Clarisas indicaban que hace días que no pueden acceder "a varias de sus cuentan bancarias dado que don Mario ha tomado el control de las mismas, bloqueando de esta forma el acceso al fruto de nuestro trabajo diario”. Así lo aseguraban, en referencia al arzobispo de Burgos y Comisario Pontificio, don Mario Iceta.

El arzobispado ha puesto todos sus medios a disposición de las hermanas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad. Siguen con la mano tendida y en ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad. Por su parte, la comunidad de Belorado sigue sin abrir ningún cauce para el diálogo con la Comision Gestora para solucionar la situación.

A este respecto, la Comisión Gestora ha reafirmado que el Comisario Pontificio es el representante legal de los monasterios de Belorado, Derio y Orduña, tanto en el ámbito canónico como civil. En su papel de Superior Mayor, el Comisario Pontificio tiene el deber y derecho de velar por el bienestar de las personas que habitan en estos monasterios, con especial atención a las hermanas mayores, así como la correcta administración de los bienes muebles e inmuebles y los movimientos financieros. Este papel también incluye la responsabilidad de supervisar a los trabajadores contratados, asegurando una gestión adecuada y eficiente de los recursos.

La Comisión Gestora señala que, desde el inicio de su mandato, las hermanas de la comunidad de Clarisas de Belorado han obstaculizado constantemente el trabajo del Comisario. Un ejemplo concreto de esta resistencia es la negativa a entregar una copia de las llaves de los monasterios, impidiendo así la ejecución de las funciones para las que han sido designados.

En cuanto a la gestión financiera, la Comisión ha informado que las entidades bancarias han actuado conforme a la legalidad, permitiendo acceso a las cuentas que han podido identificar. Sin embargo, las hermanas no han facilitado ni el conocimiento ni el acceso a todas las cuentas existentes, complicando la gestión de pagos de suministros, nóminas y otros recibos esenciales. A pesar de estas dificultades, la Comisión está trabajando con las entidades bancarias para asegurar que no haya interrupciones en los pagos a quienes legítimamente tienen derecho a cobrar.

Sor Carmen fue expulsada del monasterio

Uno de los incidentes más significativos tuvo lugar el pasado 6 de junio, cuando sor Carmen, secretaria y ecónoma de la federación de las Clarisas, fue enviada al monasterio por el Comisario Pontificio para tomar contacto con las hermanas y atender sus necesidades económicas inmediatas.

Sin embargo, sor Carmen no fue recibida y se le pidió que abandonara el lugar, llegando incluso a llamar a la Guardia Civil para que la retirara. La notario que la acompañaba, única persona a la que se ha permitido el acceso, ha explicado a la comunidad cómo establecer la comunicación necesaria para atender sus cuestiones económicas, pero hasta ahora esta vía no ha sido utilizada por las hermanas.

En lo que respecta a los empleados de los monasterios, la Comisión Gestora ha afirmado que no se ha recibido ninguna queja formal en el arzobispado. Al contrario, aquellos empleados con quienes se ha podido contactar han sido asegurados de que los pagos seguirán realizándose como hasta ahora.

La Comisión también ha mencionado una comunicación recibida el 11 de junio desde el correo electrónico del monasterio de Belorado. En este mensaje, las hermanas indicaban la intención de contratar un servicio de seguridad privada para protegerse de "ataques contra la intimidad" y solicitaban que el arzobispo asumiera los costes de dicho servicio.

La Comisión subraya que, aunque en este contexto sí se ha reconocido la autoridad del arzobispo, resulta llamativo que se pidan fondos para seguridad privada, pero no para cubrir necesidades básicas como la compra de alimentos, la materia prima para la elaboración de productos o el alimento de los animales.

La Comisión Gestora mantiene el talante dialogante

Finalmente, la Comisión Gestora reitera su disposición a dialogar y solucionar el conflicto de manera pacífica y efectiva. Rechazan cualquier intento de condicionar económicamente a la comunidad y expresan su deseo de que las hermanas comuniquen las necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad.

En el comunicado, la Archidiócesis subraya que no existe la mínima intención de imponer restricciones financieras y reafirma su compromiso de mantener el respeto y la no intromisión en la vida del monasterio. La Comisión sigue esperando un gesto de la comunidad que permita reabrir el diálogo y resolver las tensiones actuales.