Condenan a Sacyl por un diagnóstico erróneo que acabó en la muerte de una burgalesa

El Tribunal de Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Gerencia Regional de Salud, Sacyl, a pagar una indemnización de 150.000 euros a la familia de una burgalesa por un retraso o error en el diagnóstico de un cáncer de colon, que acabó con el fallecimiento de la paciente en agosto de 2020.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso presentado por la familia de la mujer, que fue diagnosticada de lumbalgia no traumática, han informado este jueves fuentes del tribunal autonómico.

Los familiares interpusieronen en agosto de 2021 un recurso contra la desestimación, por silencio administrativo, de una reclamación previa de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios.

La reclamación se sustentaba en una incorrecta asistencia sanitaria y en el diagnóstico erróneo, reiteradamente postergado y tardío, que llevó al fallecimiento de la mujer el 3 agosto de 2020.

Acusaban de "mala praxis" al Centro de Salud de Espinosa de los Monteros, el municipio burgalés en el que residía la paciente, al Hospital Universitario de Burgos y al Hospital de Cruces (Vizcaya).

La mujer, de 48 años, pasó por diferentes médicos, realizó numerosas llamadas al centro de salud, algunas sin recibir atención y acabó siendo atendida por distintos sanitarios sin que ninguno realizara las pruebas oportunas que habrían permitido detectar el cáncer de colon a tiempo, según la familia.

Las restricciones impuestas por la crisis sanitaria de la pandemia de la covid-19 afectaron a la asistencia recibida al suprimirse las consultas presenciales en el centro de salud rural y limitarse a consutas telefónicas, que no siempre eran atendidas, como se recoge también en la sentencia.

El TSJCyL considera demostrada la existencia de un retraso en el diagnóstico o un diagnóstico erróneo, acompañado de un tratamiento inadecuado.

Y reconoce el derecho de los demandantes a recibir una indemnización de 150.000 euros por parte de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a distribuir entre el marido, los padres y las hermanas.

Contra la sentencia del TSJCyL cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.