El hijo de la mujer asesinada en Burgos será atendido por los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha señalado como mayor preocupación de los servicios sociales la protección del hijo de Andrea Bejarano, la mujer asesinada por su marido en Burgos.

El centro educativo y los servicios sociales ya atienden al menor, de siete años, cuya protección es la "única prioridad", ha señalado Blanco en la Jornada 'Stop Violencia Vicaria' celebrada en la Universidad Isabel I de Burgos.

Isabel Blanco ha explicado que, en primer lugar, se ha prestado al menor ayuda psicológica, "que es lo que necesita", y a partir de ahí se realizarán las diferentes "acciones que sean necesarias", desde la "prudencia", dado que es un menor que tiene siete años y que está afectado por la muerte de su madre "y por todo lo que ocurre en su entorno".

La consejera ha destacado algunas situaciones ocurridas en el último año sobre los recursos de acogida que se componen de cinco centros de emergencia y 13 casas de acogida. En ellas se ha atendido a 627 personas, de las que 248 eran menores.

Por otro lado, atención psicológica se ha prestado a 1.412 personas a través del servicio de atención psicológica y, de ellas, 235 eran menores.

NUEVA LEY

La consejera se ha comprometido a "seguir poniendo encima de la mesa nuevas medidas y nuevas ayudas", basadas en una nueva normativa para avanzar en la protección de las mujeres y de sus familias a través de la nueva normativa que se está tramitando en las Cortes para la "atención integral a las víctimas de violencia de género".

Blanco ha calificado la ley que se encuentra en tramitación de "avanzada, moderna", que reconoce las nuevas fórmulas de violencia" y que "da un paso más allá".

En este caso reconoce también la violencia vicaria de género, la que se ejerce contra los hijos, el maltrato físico, psicológico y "en los casos más dramáticos, incluso al asesinato" para hacer daño a las mujeres.

La norma, ha agregado, reconoce "la violencia digital" e incide también en aspectos como "la sensibilización y en la prevención". La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha apuntado que la sociedad tiene que ser capaz "de que los servicios sociales sean la puerta de entrada para las mujeres que no necesitan, pero también la puerta de salida" para la recuperación de su vida.

Sobre todo, ha añadido, a través del empleo, poniendo encima de la mesa "nuevas líneas de ayudas e iniciativas" que ayuden a estas mujeres a recuperar la normalidad y a encontrar un empleo y a recuperar su vida.

Igualdad trabaja en un "ambicioso" plan nacional contra la violencia vicaria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género obliga a formular un Plan nacional contra la violencia vicaria en el que se está trabajando, un plan que espera que sea "ambicioso", con aspectos "de prevención, de sensibilización" y que establezca "medidas específicas".

Así lo ha asegurado Ana Redondo en declaraciones a los medios antes de participar en la capital burgalesa en las jornadas 'Stop violencia vicaria' que ha inaugurado la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco.

Redondo ha insistido en que sea un plan con medidas específicas porque en la "inmensa mayoría de los casos" los menores son asesinados "durante el tiempo de convivencia con el progenitor maltratador", por lo que ha dejado claro que "el menor nunca puede convivir con un maltratador con la persona que en vez de cuidar, en vez de proteger, está violentando, está maltratando sistemáticamente, psicológicamente, físicamente, tanto a la madre como a los hijos e hijas".

La ministra Redondo estima que España pasa ahora por "un momento especialmente sensible" y se han de establecer "mecanismos" que permitan conocer "cuál es la situación de la relación paternofilial" porque el interés superior "es del menor" y "nunca debe convivir con un maltratador.

Durante el año pasado, nueve niños y niñas fueron asesinados por sus padres, y más del 90 por ciento de ellos eran menores de 10 años.

En este momento 500 menores en Castilla y León están bajo el sistema Viogenen y 21 de estos menores están en riesgo extremo, según los datos que se han aportado en las jornadas.

En España son 12.000 los menos que están bajo el sistema VioGen, "por lo tanto el problema es de enorme envergadura", ha apuntado la ministra Ana Redondo, quien ha insistido en la necesidad de la sociedad en ser "consciente del problema estructural" de la violencia de género y de activar todos los mecanismos para avanzar "hacia una sociedad libre de violencias, machistas".

Asimismo, la ministra ha defendido que las administraciones y los sistemas "funcionan, salvan vidas a diario" aunque "tienen que ser perfeccionados", ha aseverado Redondo, quien ha subrayado que España "es un país que es referente a nivel internacional en la protección de víctimas de violencia de género y de violencia vicaria"

SISTEMA QUE FUNCIONA

Redondo ha reconocido que el sistema "funciona en la inmensa mayoría de casos", de hecho, hay más de 100.000 mujeres protegidas en el sistema y más de 12.000 menores.

Sobre la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ana Redondo ha aseverado que "era una prioridad" del Gobierno, y se consiguió "con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, por que no cree que es negacionista de la violencia de género", algo que a la ministra le "preocupa".

'STOP VIOLENCIA'

Por su parte, una de las impulsoras y presidenta de la asociación 'Stop violencia vicaria', Andrea Cabezas, alumna de la Universidad Isabel I, ha recordado que esta organización ha nacido "para cubrir una necesidad real" que están sufriendo actualmente "las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos".

Así, ha explicado que han llegado para "cambiar las reglas del juego" porque quieren que las víctimas "recuperen la confianza" de nuevo en las instituciones ya que, ahora mismo, "no se sienten escuchadas ni defendidas".

Asimismo, Cabezas ha apuntado a "un retroceso claro en derechos y protección de mujeres y la infancia".