El Juzgado fija el 10 de junio para el desahucio de las exreligiosas del Monasterio de Belorado (Burgos)
En la diligencia comunicada hoy a las partes también se fija el próximo 13 de mayo como fecha para la celebración de una vista previa

Varias de las clarisas de Belorado junto con su portavoz, José Ceacero, en los juzgados de Burgos
Burgos - Publicado el
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 1 de Briviesca ha notificado hoy a las partes implicadas en el proceso de desahucio del Monasterio de Belorado que la vista previa se celebrará el 13 de mayo de 2025, mientras que el lanzamiento de las exreligiosas ha sido programado para el 10 de junio del mismo año.
Así lo ha comunicado la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, que ha emitido un comunicado en el que se detallan las últimas novedades del procedimiento judicial en curso. La diligencia ha sido trasladada a todas las partes personadas en el proceso, estableciendo así un calendario definitivo para la resolución del conflicto.
Desde la Oficina del Comisario Pontificio han querido aclarar que este procedimiento no afecta a las cinco monjas que no han participado en el cisma y que actualmente conforman la comunidad monástica de Belorado. Estas religiosas, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, han sido objeto de especial atención por parte del Comisario Pontificio y la Comisión Gestora.
Para garantizar su bienestar, la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu asumirá de inmediato la atención y cuidados que precisan estas religiosas, velando por su integridad en todo momento.
Casi un año de conflicto
El proceso de desahucio ha generado una gran expectación, ya que el conflicto con las exreligiosas de Belorado ha sido objeto de debate en distintos ámbitos. La controversia comenzó en mayo de 2024, cuando un grupo de religiosas decidió separarse de la Iglesia católica y unirse a la autodenominada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, liderada por el obispo excomulgado Pablo de Rojas. Esta decisión llevó al Vaticano a intervenir y nombrar un Comisario Pontificio para gestionar la crisis, el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta.
Desde entonces, la situación ha estado marcada por disputas legales y eclesiásticas, con resoluciones judiciales que han ido definiendo el futuro del monasterio. Con esta última decisión judicial, se establece una hoja de ruta clara para la resolución de la situación, marcando fechas clave en el desarrollo del procedimiento legal. Sin embargo, aún queda por ver si las exreligiosas acatarán la orden de desahucio o si emprenderán nuevas acciones legales para intentar frenar su ejecución.