El PSOE ve en la tramitación de la Ley de Agricultura Familiar una oportunidad para combatir la despoblación

El PSOE de Burgos ve en la tramitación de la Ley de Agricultura Familiar que recoge el programa electoral del partido “una oportunidad para combatir la despoblación”, en el medio rural. Así lo aseguró la secretaria provincial de la formación y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Burgos, Esther Peña, durante la visita que realizó esta mañana a una explotación agrícola en Cilleruelo de Abajo, junto a otros miembros de las candidaturas socialistas para las elecciones del 23 de julio, como la número 2 al Senado por Burgos, Mar Arnaiz, y el número 2 a la Cámara Baja por la provincia, Álvaro Morales.

Según explicó Peña durante su encuentro con profesionales del sector agrícola, el objetivo de la nueva ley es la puesta al día de la Ley de Modernización de 1995, como complemento del plan estratégico nacional de la PAC, atendiendo a las reivindicaciones del mundo rural.

En su opinión, “el apoyo decisivo del Gobierno a los agricultores también en las situaciones de emergencia es incontestable, como demostró con el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania”. Así, según destacó, entre abril y noviembre la provincia recibió del Gobierno 72,3 millones de euros en bonificaciones al combustible y, dentro de las ayudas específicas a la agricultura, subrayó los 6,4 millones de euros para la de mercado, los 35 para desarrollo rural y 124,20 millones de ayudas de agricultura directa que beneficiaron a 20.065 explotaciones agrarias de la provincia.

Peña valoró también que, ante el problema de la sequía, en 2022 el Gobierno estableció una rebaja generalizada del 20% en el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva (módulos). En Castilla y León “supuso para nuestros agricultores y ganaderos 105 millones de euros”.

Además, recalcó que este año el Ejecutivo acaba de establecer una reducción por el mismo concepto, pero del 25% y se han mantenido las reducciones introducidas el año pasado. Según indicó, el conjunto de todas las reducciones puede suponer una minoración de la base imponible de unos 138,5 millones de euros para 57.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad, “una rebaja fiscal histórica”.