Las posibilidades sanitarias que presenta Segovia

¿Se puede ampliar el Hospital General? ¿Se van a instalar casetas prefabricadas? ¿Ha bajado su categoría? ¿Qué pasará con los consultorios locales?

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Entrevista al delegado territorial de la Junta, José Mazarías

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Hoy está previsto que comiencen las obras para ampliar la UCI del Hospital General. Serán seis puestos más para un total de 16. A este proyecto se une el de ampliación de la zona de Urgencias con una estructura modular en el parking anexo, con la que se conseguirá hacer un doble circuito de acceso a las Urgencias. Según han señalado desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria, cada puesto completo tiene un coste de 80.000 euros. Se va a aprovechar la zona de espera existente entre la UCI y reanimación, en donde, sin embargo, no se tendrán que eliminar puestos. En tercer lugar, la Consejería de Sanidad estudia una segunda infraestructura hospitalaria, según han señalado desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

En cuanto a esa ampliación de las Urgencias, y dado que la edificabilidad del Hospital General está agotada, el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, ha querido llamar a la calma en los micrófonos de COPE. Será con módulos, sí, pero eso no quiere decir, asegura, que sea con casetas prefabricadas. Lo que ha remarcado Mazarías es que la Junta va a construir una segunda dotación hospitalaria en Segovia. También lo ha aseverado el secretario general del PP autonómico, Francisco Vázquez, que ha insistido en destacar esa decisión antes de condicionar dónde tiene que ubicarse. Precisamente la ubicación está condicionada por esa edificabilidad agotada en el actual hospital. Desde el punto de vista urbanístico, no se puede construir en ese terreno. Así que, o se busca otro sitio o, si la decisión es que el nuevo espacio esté junto al existente, se deben recalificar terrenos y expropiarlos.

Y sobre el Complejo Asistencial, el sindicato UGT ha denunciado la rebaja en su categoría. Una crítica a la que se ha sumado el PSOE y ante la que han querido salir al paso tanto Mazarías como Vázquez. El número dos del PP regional ha asegurado que la nueva categoría no afectará al personal ni a su remuneración y ha puntualizado que la decisión se tomó por unanimidad, incluidos pues los sindicatos, en el mes de octubre. Y que si se saca ahora, por una organización que apoyó entonces ese cambio, es por interés.

También de oportunismo ha hablado el delegado territorial de la Junta. Mazarías ha explicado que el hospital segoviano estaba encuadrado en el mismo grupo de los vallisoletanos Río Hortega o Clínico y de los hospitales de referencia de León y Burgos, cuando le corresponde, según sus explicaciones, aparecer en el escalón inmediatamente inferior, junto a los de Ávila, Palencia y Zamora. En la máxima categoría estaría el universitario de Salamanca y en el cuarto peldaño los comarcales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Medina del Campo. Se trata pues, según argumenta Mazarías, de un cambio puramente administrativo y que solo afecta a la retribución del equipo directivo.

Aún dentro del ámbito sanitario, Francisco Vázquez ha querido repetir al PSOE el mensaje de que la Junta no va a cerrar consultorio médico local alguno. Según ha apuntado, si durante este tiempo se ha mantenido la atención telefónica y telemática desde esos consultorios, ha sido por las indicaciones del Ministerio y que el Gobierno se ha escudado en recomendaciones científicas. Vázquez ha incidido en el mayor gasto que encararán las comunidades autónomas tras la pandemia, por eso ha exigido que, al igual que la Unión Europea va a hacer con el Gobierno, el Ejecutivo central relaje los criterios de deuda y déficit. También ha reclamado que se permita a las entidades locales usar sus remanentes.

Igualmente, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya cambiado varias veces los criterios para repartir entre las comunidades autónomas los 16.000 millones de euros de aportación extraordinaria, para hacer frente a los efectos del coronavirus. El último cambio, en el que han prevalecido las directrices del Ministerio de Hacienda, según Vázquez, perjudica a Castilla y León, puesto que prima a los territorios con población más joven y con un Producto Interior Bruto más alto y penaliza a los que tienen una población más dispersa, una superficie mayor y una edad media más avanzada. Por eso, ha cuestionado si el Gobierno quiere afrontar así el reto demográfico.

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