Aforo limitado en templos de Castilla y León, como mínimo hasta mediados de marzo

Continúa el malestar por el denominado numerus clausus, las restricciones al aforo para el control de la pandemia que se establecen sin tener en cuenta la superficie a la que afecta. El límite de 25 personas para espacios de culto deja en templos como la Catedral de Valladolid una media de 100 metros cuadrados por cada feligrés y en el caso de San Benito, hasta 64 metros cuadrados. Una restricción que para el Arzobispado de Valladolid es injusto por lo desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto. Ajustándose a la superficie de cada templo, se podría acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud propia y ajena. Esta medida se mantendrá, como mínimo hasta mediados de marzo, como ha confirmado hoy el portavoz de la Junta, Francisco Igea, a los representantes de las Juntas de Cofradías con los que ha mantenido una reunión telemática.

El encuentro se produce tres días después de que la Policía Municipal de Valladolid levantara acta de sanción en la Iglesia de San Benito por superar en 25 personas el aforo limitado. “Es triste”, nos cuenta Téofanes Egido, párroco de la Iglesia, “es tristísimo. Es echar a la gente de la Iglesia. Las normas están para cumplirla, pero tiene que ser racionales”.

En San Andrés, con capacidad para 450 personas, no llega ni al seis por ciento del aforo. Tomás Santos, presidente de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado nos explica que este límite es desproporcionado. “Poniendo una persona por cada banco y en zig zag, estaríamos hablando de 100 personas y con 25 lo vemos muy desproporcionado”, ha argumentado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se alinea con las críticas de la Iglesia para señalar que es inconcebible el criterio numérico establecido. “La norma hay que cumplirla, pero eso no impide que seamos críticos con ella”, ha aseverado.

Esta semana se espera que la propuesta de sanción de la Policía Municipal llegue a la Delegación territorial de la Junta que deberá establecer el importe por incumplir la normativa.