Castilla y León responde al anuncio de Pedro Sánchez: “Muchas viviendas de la Sareb no sirven”

“Desconcierto” e “incertidumbre” en la Junta de Castilla y León tras el anuncio de Pedro Sánchez, que ha comprometido la puesta a disposición de 50.000 viviendas de la Sareb a precios asequibles.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado “banco malo”, dispone en Castilla y León de 2.794 viviendas.

La cuestión de fondo, más allá del anuncio de Pedro Sánchez, es la ubicación y el estado de esas viviendas. La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, no sale de su asombro porque “muchas” de las viviendas de ese parque “no sirven para alquiler social”.

En declaraciones a COPE, Pardo ha explicado que parte de estas viviendas “no están terminadas y son esqueletos que se abandonaron en su día”. En otras habría que hacer “una inversión de tal calibre” que “no son interesantes”.

En el Gobierno autonómico conocen en profundidad las viviendas de la Sareb. Hace cuatro años firmaron un convenio, que han renovado y por el que “después de mucho esfuerzo” han adquirido ya 16 de los 81 inmuebles para alquiler social.

Les ofrecieron “unas 100”. “Algunas”, recuerda Pardo, "tuvimos que descartarlas porque directamente no eran habitables”. El resto “o están en sitios donde no hay demanda", añade, "o están en unas condiciones que deberíamos hacer una inversión para que fueran interesantes” para el alquiler.

El anuncio ya está hecho. En la Junta de Castilla y León no ocultan su enfado. No saben cuántas viviendas de las comprometidas por Pedro Sánchez corresponderían a esta comunidad autónoma. Tampoco si se acompañará o no de una inyección económica para su habilitación. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, pide ahora “tiempo”.

Convocatoria “urgente” de la Sectorial de Vivienda

PSOE y Unidas Podemos han desbloqueado, además, la nueva Ley de Vivienda que establece la ampliación de las denominadas zonas tensionadas. Es decir, aquellas donde el coste de la hipoteca o el alquiler más los suministros básicos superen el 30 por ciento de la renta de la zona. En esas zonas se podría poner un tope al precio del alquiler.

De la nueva Ley la Junta no conoce más que lo publicado en medios de comunicación, por eso ha solicitado la convocatoria “urgente” de la Conferencia Sectorial sobre Vivienda. “Es sorprendente”, lamenta la directora general de Vivienda de Castilla y León, “que tengamos que posicionarnos sobre un texto cuyo tenor literal desconocemos”.

A la espera de conocer la letra pequeña, la directora general de Vivienda avanza a COPE que “es muy probable” que “no se vayan a declarar zonas tensionadas” en Castilla y León. “Nuestra política no es minar a los propietarios de los alquileres”, sentencia.

Pardo aboga por establecer compensaciones económicas o incentivos fiscales. Lamenta que se esté “obligando a los propietarios a asumir un coste social”. Lo que a ojos del Gobierno autonómico “es contrario a la Constitución”.

Parque público de vivienda

En la actualidad, Castilla y León dispone de un parque público compuesto por 2.500 viviendas. El objetivo es duplicarlo antes de que finalice la Legislatura, según ha confirmado a COPE la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no es suficiente con duplicar el parque público de vivienda ante el “creciente” número de familias que, aseguran, está en riesgo de desahucio. Su delegada en Castilla y León, Rebeca Miguel, traslada su requerimiento a la Administración : “Multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler”.