Sanidad, industria y despoblación: tres retos en la agenda del próximo presidente de Castilla y León

La victoria del Partido Popular este 13-F abre la puerta a Alfonso Fernández Mañueco a poder gobernar, de nuevo, en Castilla y León. La duda ahora es si podrá hacerlo en solitario o si se verá obligado a compartir Ejecutivo con Vox, que contará en esta Legislatura con 13 procuradores, 12 más que los que obtuvieron en las elecciones de 2019.

El Gobierno de Castilla y León que emane de las urnas este 13 de febrero deberá afrontar distintos retos de comunidad. En algunos de ellos, comoLa reforma del sistema sanitario, el modelo de atención a las personas mayores y dependientes de la Comunidad, la reindustrialización o la recuperación económica tras la COVID-19, tendrán un peso específico las decisiones que se adopten en el Parlamento autonómico. Para otros, como la despoblación, el desarrollo de nuevas infraestructuras o la reforma del modelo de financiación autonómica, deberá dar la batalla en Madrid e, incluso, en Bruselas.

Una de las primeras medidas que deberá impulsar el próximo presidente de Castilla y León después de formar Gobierno será la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2022, capaz de adaptarse a las nuevas partidas que puedan llegar a las arcas de la Comunidad procedentes de los fondos europeos. El adelanto electoral obligó a prorrogar las cuentas de 2021 dejando, así, en el cajón distintas rebajas fiscales con especial atención sobre el medio rural.

Reforma sanitaria

Castilla y León dispone de más de 240 centros de salud y más de 3.600 consultorios locales. Sin embargo, según cifras de la Consejería de Sanidad, faltan 300 profesionales para mantener la atención presencial en todos ellos.

La reforma sanitaria por la que clamaban antes de la irrupción del COVID-19 colegios profesionales, representantes de los trabajadores y sociedades científicas se truncó al no contar el denominado 'Plan Aliste' con el respaldo necesario, incluso en el seno del Gobierno autonómico.

El próximo Ejecutivo de Castilla y León se enfrenta a la necesidad de garantizar el acceso a este servicio público, empezando por la amplación de sus plantillas ante la previsión de que en los próximos 10 años se jubilen, aproximadamente, más de 1.600 médicos.

Frenar la despoblación

Castilla y León está conformada por 2.248 municipios. Sin embargo, en un 90 por ciento de ellos cuentan con menos de 1.000 habitantes.

En 2020 por primera vez el saldo migratorio fue positivo en Castilla y León. Pero, según el Instituto Nacional de Estadística, perderá casi 240.000 habitantes en los próximos 15 años.

A la espera de una estrategia nacional para equilibrar el peso entre las urbes y los pueblos, se ha abierto la puerta a incentivos fiscales y a la reducción de la carga impositiva tanto para familias como para empresas —con independencia de su tamaño— y trabajadores autónomos que se instalen en el medio rural. Una tarea para la que será necesario también el impulso definitivo a la conectividad vía Internet en todo el territorio. Incentivando, así, el retorno del talento joven.

Envejecimiento de la población

Además de ser una de las comunidades con mayor dispersión poblacional, Castilla y León es el segundo territorio español más envejecido, solo por detrás de Asturias, con una edad media de entre 47 y 48 años. Y está también a la cabeza en Europa en población de más de 85 años.

Ese aumento de la esperanza de vida abre una puerta a nuevas oportunidades económicas, al desarrollo de la denominada 'Silver Economy'. Lo que, a su vez, generará nuevos puestos de trabajo en una sociedad que, cada vez más, demanda cuidados en el domicilio.

Sin embargo, el próximo Gobierno de Castilla y León deberá ser capaz de encontrar un equilibro y asegurar también los cuidados a las personas mayores y dependientes en centros residenciales con la suficiente financiación pública. Unas residencias a las que se les deberá procurar, además, la necesaria preparación ante futuros episodios pandémicos.

Reindustrialización

El COVID-19, así como el cierre de las centrales térmicas o de empresas con sede fuera de España, han hecho tambalear al sector industrial, pese al avance de la industria manufacturera, en el Producto Interior Bruto de Castilla y León.

La reindustrialización es una cuestión que en anteriores legislaturas ha concitado el acuerdo de los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico. Y que se deberá abordar nuevamente, al igual que la financiación autonómica, por la vía del consenso político y apoyada en el Diálogo Social.

El próximo Ejecutivo afronta el reto de mantener el peso específico de Castilla y León en la industria automovilística y de suministros, en plena crisis por la falta de mcirochips, pero también el reto de ser capaz de extender a otras provincias los polos industriales que actualmente suponen Burgos y Valladolid y atraer nuevas industrias que ayuden a rebajar los índices de estacionalidad y parcialidad en el mercado de trabajo, fruto de la predominancia del sector servicios.

Infraestructuras

La A-11, más conocida como Autovía del Duero, o la A-60, que une Valladolid-León, así como el Corredor Atlántico son reivindicaciones históricas que deberá asumir el próximo Gobierno autonómico y defender ante el Gobierno de España para que avancen en su consecución.

Junto a ello, la recuperación de las frecuencias de trenes o el impulso de las líneas de alta velocidad, con especial atención en las conexiones con Madrid, un acicate para la fijación de población.

En un territorio tan extenso como es el de Castilla y León el Gobierno autonómico deberá, además, garantizar el sostenimiento de la red de carreteras bajo su competencia.

Financiación autonómica

Castilla y León encadena varios años obteniendo algunas de las mejores puntuaciones, tanto en España como a nivel internacional, en el Informe PISA.

La Educación, como los Servicios Sociales, son dos servicios que han recibido el aplauso de agentes externos y que adolecen, sin embargo, de una insuficiente financiación autonómica. Los criterios por los que se rige este modelo, cuya modificación deberá abordar el próximo Ejecutivo a fin de que el número de habitantes no penalice a Castilla y León, deja sin financiar, según cifras ofrecidas por la propia Junta, un 16 por ciento de sus costes.

Agricultura y ganadería

El próximo Gobierno de Castilla y León no habrá de ser ajeno al sector primario, que en los momentos más duros de la pandemia ha ejercido como sostén de la economía.

En plena crisis de precios, deberá encontrar fórmulas que garanticen un reparto justo entre los distintos eslabones de la cadena alimentaria. Para, así, asegurar la continuidad de las explotaciones y el relevo generacional.