Cs denuncia a Cambray ante la Fiscalía por presunta prevaricación al "evitar cumplir el 25%"

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha explicado este lunes que su formación an presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, así como contra otros responsables de la Conselleria, por considerar que han incurrido en presunta "prevaricación, al evitar cumplir el 25% de castellano".

Carrizosa ha asegurado que hay "unos responsables claros" y por eso la denuncia va dirigida contra los titulares de la Conselleria, la Secretaría General de Educación, la Asesoría Jurídica de Educación, la inspección de Educación y la subdirección general de plurilingüismo.

En la denuncia insisten en que los hechos son directamente imputables a estas personas "pues sin el concierto de los mismos no sería posible la continuada comisión del delito de prevaricación denunciado".

Asimismo, han exigido al Govern que adopte las medidas necesarias para garantizar el "uso vehicular normal de ambas lenguas oficiales, tanto por el porcentaje mínimo como por el contenido, a los efectos de evitar un uso simbólico o residual".

Carrizosa ha sostenido que el viernes pasado finalizó el plazo para cumplir la sentencia del 25%, y ha insistido en que el Govern "no ha hecho nada para cumplir, y que además ha estado trabajando e impartido instrucciones y consignas para evitar que se cumpla".

Además, cree que también hay "responsabilidad política" del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, así como del PSC y su primer secretario, Salvador Illa, y también del Gobierno central, tras el pacto por el catalán alcanzado el pasado jueves.

Sobre este acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, lo ha tildado de engaño a la comunidad educativa y a los ciudadanos, ya que para él es "una especie de pacto que pretende salvar la cara al separatismo, que no quiere cumplir la sentencia".

Por último, ha vuelto a pedir la dimisión a Cambray ya que cree que es un "cobarde por trasladar la responsabilidad penal del incumplimiento de la sentencia a los centros".