Ana Losada; "la nueva ley no afecta al cumplimiento de la sentencia del 25% en castellano"

Las entidades a favor del bilingüismo, apuntan a indicios de inconstitucionalidad en la nueva ley del catalán

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Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, sobre la nueva ley del catalán en la educación

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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La Asamblea por una Escuela Bilingüe se plantea recurrir la nueva ley sobre el uso de las lenguas oficiales en la educación, que será aprobada este viernes en el Parlament, después del pacto entre PSC, ERC, Junts per Catalunya y En Comú Podem.

Con el título "sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria"; el texto, con dos artículos y tres disposiciones adicionales, establece "que el catalán es normalmente la lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y en la acogida de alumnos recién llegados a Cataluña". El castellano lo es, en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro y que se adecuen a lo que fije el departamento de Educación. Por lo tanto, la Generalitat siempre determinará la política lingüística de los centros.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, señala "se ha perdido una oportunidad que los partidos políticos, firmaran una ley para que todas las lenguas oficiales tuvieran el carácter de vehicular. Lo que pretendemos no es que el castellano sea lengua curricular, que lo ha sido siempre, sino el castellano como lengua vehicular. Estamos decepcionados con la nueva ley".

Losada reitera que la nueva ley, no impide el cumplimiento de la sentencia del 25% en castellano," el 31 de mayo el conseller tiene la obligación de dar instrucciones claras, para hacer cumplir el 25% en castellano, y eso se deberá de cumplir porque si no estamos hablando de un delito de desobediencia".

La portavoz de la entidad cree "que la nueva ley solo puede ser interpretada por la legislación vigente, con el castellano como lengua oficial y vehicular con el catalán. Pienso que incluye aspectos que son recurribles constitucionalmente, y estudiamos recurrir. No creo que sea una ley que vaya a poner el punto final al conflicto de la lengua, porque de nuevo la lengua es utilizada políticamente".

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