Los trabajadores de la residencia de Tremp denuncian "el caos" del brote de 2020

"Fue un caos. Nadie conocía el plan de contingencia, nadie tenía los EPIs y solo les daban una mascarilla a la semana". De esta manera definen la situación vivida en la residencia Fiella de Tremp algunos de los trabajadores del centro, donde murieron 64 residentes por COVID en 2020, según el abogado de la acusación popular, Xavier Prats.

Así lo han declarado este viernes en el juzgado de instrucción de Tremp, en la causa abierta por un delito contra la seguridad en el trabajo contra la exdirectora y la exresponsable de Higiene Sanitaria del la residencia. Prats también ha explicado que trabajadoras citadas hoy han reconocido que se encontraron "solas", que no sabían quién trabajaba y quiénes no, que no recibieron ningún tipo de formación y que "había residentes pidiendo ayuda en el pasillo".

Esta investigación pretende aclarar si durante el brote de noviembre de 2020, se contó con los equipos de protección necesarios para trabajar con seguridad. Las declaraciones de este viernes se enmarcan en la causa abierta contra dos extrabajadoras del centro por un delito contra la seguridad en el trabajo.

En cuanto a la otra causa abierta contra las mismas investigadas, por homicidio imprudente y trato degradante por la muerte de los residentes, declararon en el juzgado de Tremp agentes de los Mossos y responsables de Salud el día 31 de marzo. Aquel día, los testigos ratificaron el "descontrol total" que se encontraron a la residencia Fiella.

De entre las muchas irregularidades descritas por la fiscalía, destacan que se privó a los usuarios de una correcta asistencia médica y que tampoco hubo ningún tipo de coordinación con los centros médicos más próximos. Cuentan también que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y también se apunta que aquellos días muchos pasaron frío, hambre y sed, recoge la denuncia.

Otra de las incongruencias citadas hace referencia a la descoordinación. Era tanto grande, según fiscalía, que hasta todo había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos.

La gestión de los muertos por COVID-19 fue caótica, según la denuncia, hasta el punto que familiares de los residentes pasaron días sin tener ninguna noticia de la situación. Algunos fueron informados que sus allegados se encontraban en buen estado de salud cuando ya habían muerto, y a otros no se los avisaba de su pérdida.

No había un protocolo de defunción y esto provocó que algunos familiares se enteraran de la muerte de sus parientes por la funeraria o por otros conocidos del municipio. Incluso, algunos tuvieron que ir al centro y buscar sus familiares entre las habitaciones donde había los cuerpos sin vida. Además, algunos parientes se vieron obligados a recuperar los cadáveres por sus "propios medios", asegura la denuncia.