La Abogacía del Estado se lava las manos y pide al TSJC que no ejecute, por ahora, la sentencia del 25%

La Abogacía del Estado se lava las manos a la hora de pedir que se aplique la sentencia del 25% de castellano en todo el sistema catalán. Y considera que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que decida si hace falta, o no, la ejecución forzosa de la sentencia. Así constan el escrito de alegaciones que ha presentado la Abogacía a la demanda presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingue para que se ejecute la sentencia.

De hecho, la Abogacía del Estado dice en su escrito que el gobierno catalán ha justificado “el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas” para cumplir supuestamente la sentencia. Estas medidas son la reforma de la ley de Política Lingüística y el decreto de desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña. Y antes de tomar una decisión, pide al Tribunal que valore previamente el grado de cumplimiento de estas medidas.

Hay que tener en cuenta que fue precisamente la Abogacía del Estado quien puso en marcha todo ese proceso. Lo hizo en 2015, cuando desde el ministerio de educación, entonces dirigido por José Ignacio Wert, se ordenó a la Abogacía que presentara una demanda contra la Generalitat por el decreto de matriculación, porque no se contemplaba al castellano como lengua vehicular . De ahí que la presidenta de la Asamblea para una escuela Bilingüe, Ana Losada, considere “incoherente” la postura actual de la Abogacía. Y también lamenta que “una vez más, los ciudadanos son los que deben defender el cumplimiento de la constitución en Cataluña”.

En cambio, en su escrito la Abogacía del Estado no se opone a la legitimación de la Asamblea por una Escuela Bilingue, para formar parte del proceso.