La Generalitat anuncia que los pagos de alquiler aplazados en sus pisos tendrán que ser devueltos

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado un nuevo decreto para complementar las medidas que se habían adoptado hasta ahora para hacer frente al impacto de la pandemia, entre las que destaca que los inquilinos de pisos propiedad de la Generalitat que se acojan a la moratoria del pago de este alquiler deberán devolver este importe en 36 meses.

En rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, ha explicado que las personas físicas o jurídicas que estén pagando un alquiler, un derecho de superficie, una concesión administrativa o cualquier derecho por un inmueble propiedad de la Generalitat puedan pedir un aplazamiento o una reducción del pago de la renta, lo que complementa la medida anunciada en los primeros días de la pandemia de que se fijaba una moratoria en el pago del alquiler de las viviendas del parque público de la Generalitat.

Con este nuevo decreto, la medida también incluye a los inmuebles procedentes de herencias intestadas y será vigente mientras dure el estado de alarma y hasta seis meses después de que finalice.

Los solicitantes de esta moratoria deberán acreditar "una situación económica vulnerable provocada por la crisis del coronavirus" en el caso de los alquileres de viviendas o una reducción del volumen de facturación en otro tipo de arrendamientos, y tendrán que devolver el importe aplazado durante los 36 meses siguientes y sin intereses.

El decreto también amplía de dos a cuatro meses el plazo para depositar las fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas en el Institut Català del Sòl (Incasòl) y propone que hasta el 31 de diciembre de 2020 los arrendadores de fincas urbanas, tanto las destinadas a vivienda como las destinadas a otros usos, deben depositar en el Incasòl la fianza en metálico en el plazo de cuatro meses a partir de la formalización del contrato.

GESTIÓN DE LAS RESIDENCIAS

El decreto también concreta qué centros residenciales pasan a estar gestionados por la Conselleria de Salud: las residencias para la gente mayor y los servicios que se ofrecen con carácter temporal o permanente, y las residencias y servicios de centro residencial y temporal o asistida para personas con discapacidad intelectual y física.

Asimismo, el Govern ha aprobado una nueva línea de ayudas de 3,5 millones de euros para las empresas del sector turístico afectadas por la pandemia, y destinará 586.000 euros para reforzar la prestación del servicio de los teléfonos 012, 112 y 061.