El juez paraliza la eutanasia al conocido como 'pistolero de Tarragona'

Un juzgado de Tarragona ha paralizado la eutanasia del conocido como 'pistolero de Tarragona', que estaba prevista para el próximo 28 de julio. Se trata de Eugen Sabau, que en diciembre de 2021 acudió a la empresa de seguridad en la que había trabajado e hirió a tres de sus excompañeros, así como a un agente de los mossos durante su huida. Se da la circunstancia de que Sabau, herido de gravedad tras aquel enfrentamiento con la policía autonómica sufre una lesión medular y por este motivo ha pedido que se le practique la eutanasia. Ahora se detendrá este proceso porque se está a la espera de que la Audiencia de Tarragona decida sobre el recurso de apelación que ha interpuesto el agente herido.

Desde el sindicato USPAC, que ejerce la defensa del mosso, dicen que llegarán si hace falta hasta el Tribunal Constitucional, que en todo caso, consideran que es el órgano que debería pronunciarse al respecto, especialmente cuando hay choque de derechos fundamentales. Uno, el agente de los mossos en este caso, tiene el derecho a la tutela judicial efectiva es decir, el derecho que tienen las víctimas a que se juzgue su agresor; y el acusado, a su vez, invoca a su derecho a la integridad física y moral, y a su dignidad, libertad y autonomía.

El portavoz del sindicato, Albert Palacio, insiste en que no se oponen a que se cumple la voluntad de Eugen Sabau, pero que sea después de que se celebre el juicio. Porque si no, dice, sus víctimas se quedarían en un limbo jurídico. Si muere Sabau, se pregunta, ¿contra quién se reclama? Además, por Palacio, se abriría una puerta peligrosa, y lo contaba con un claro ejemplo: “si ahora hubiese una tentado y uno de los terroristas queda malherido, pide la eutanasia ¿se le tendría que aplicar? ¿Qué pasa con las víctimas? Se abre una puerta muy peligrosa”, insistía.

Y en todo caso, Palacio cree que la decisión sobre una cuestión tan importante no debería recaer sobre una única persona, una juez de instrucción, que además, dejó claro que tampoco tenía competencias porque no había ninguna ley lo prevé, y no regula la situación de aquellas personas que se encuentren en prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial.