Los propietarios de pisos okupados en Barcelona podrán cortar la luz y el agua y no será delito

Los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han decidido unificar criterios en lo que a okupación de viviendas se refiere. De esta manera, cuando un propietario sea víctima de una de estas okupaciones ilegales, no será necesario que mantenga el alta en los suministros de servicios o el pago de las facturas, como ocurría hasta ahora. Según los magistrados, el corte de la luz o el agua no supondrá un delito de coacciones.

Esta unificación de criterios se aplicará en todos los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona. Tampoco se podrán archivar las denuncias por okupación si se desconoce la identidad de la persona o personas que han entrado ilegalmente. Antes, la policía tendrá que intentar averiguar su identidad, y en caso de que no sea posible, se procederá al sobreseimiento provisional.  

no se avala el desalojo exprés

Lo que no han abordado los magistrados penales de Barcelona es el posible desalojo exprés de los okupas por parte de la policía sin previa autorización judicial, aunque no cierran la puerta a que pueda hacerse en el futuro. 

Un desalojo exprés que sí avala la Audiencia de Girona. El pasado 22 de noviembre, los jueces penales de este órgano judicial dieron luz verde al desalojo exprés cuando la okupación se realiza en las últimas 24 horas. "No es que avalemos los desalojos exprés, lo que nosotros estamos avalando es que no se permita la entrada. Es decir, que se puede impedir que la gente entre y se instale", explicaba el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de Girona, Víctor Correas. 

los colegios de abogados también proponen el desalojo inmediato en 48 horas

Los Colegios de Abogados de Barcelona, Madrid y Málaga proponen reformas legislativas de tipo civil y penal para facilitar a los propietarios de pisos okupados la recuperación del inmueble. Esto permitiría que  el propietario reclamase la expulsión de los ocupantes ya en sede policial, sin necesidad de ir al juzgado. Para conseguirlo, una de las medidas que se proponen es que la vivienda se pueda desalojar durante las 48 horas posteriores a la interposición de la denuncia, si los ocupantes no pueden acreditar que han actuado legalmente. 

El decano de la abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, afirma que “no se trata de criminalizar conductas pero son muchos los países de nuestro entorno más próximo, como Holanda, Francia Italia, que cuentan con vías legales para recuperar el inmueble en un breve plazo de tiempo”. Jesus M. Sánchez  también asegura que “al propietario le interesa más la devolución de su posesión que la posible pena por el hecho delictivo” e insiste en que en ningún país del mundo existe el derecho a ocupar un inmueble contra la voluntad de su propietario.  

el grave problema de la okupación en cataluña

La okupación de viviendas en Cataluña es un tema complejo y polémico. Según datos oficiales, esta comunidad autónoma concentra un porcentaje significativo de los casos de okupación en España, lo que ha llevado a una creciente percepción de inseguridad y desprotección para los propietarios.

El fenómeno de la okupación suele dividirse en dos categorías: la okupación "necesaria", protagonizada por personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativas habitacionales, y la okupación delictiva, vinculada a mafias o a la explotación ilegal de viviendas con fines lucrativos. La mezcla de ambas realidades ha creado confusión y, en ocasiones, pánico injustificado.

El marco legal español no siempre facilita la distinción rápida entre estos casos. Mientras que el "allanamiento de morada" —la entrada ilegal en la vivienda habitual de alguien— es considerado un delito grave y se resuelve con relativa rapidez, la okupación de inmuebles vacíos puede convertirse en un proceso judicial largo y tedioso.

La Generalitat de Cataluña ha propuesto medidas para abordar este fenómeno, enfocadas tanto en agilizar los desahucios de okupas conflictivos como en proteger a las personas vulnerables. Sin embargo, el equilibrio entre derechos de propiedad y derechos sociales sigue siendo un terreno resbaladizo.