Ciudadanos Villalba abre brecha en el seno del equipo de Gobierno pidiendo la revisión del contrato del túnel

Ciudadanos no se resigna a dejar pasar la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Collado Villalba a pagar sí o sí el canon anual del túnel de Honorio Lozano-Batalla de Bailén hasta 2046. No se va a recurrir, pero el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, que pertenece a la formación naranja, ha anunciado que va a pedir la revisión de oficio del contrato.

El Juzgado de lo Contencioso–Administrativo número 34 de Madrid ha sentenciado que el pago del canon debe realizarse aunque el Consistorio no esté conforme con la gestión que está haciendo de las instalaciones la empresa concesionaria.

La decisión judicial, según anunciaba hace unos días la alcaldesa, la popular Mariola Vargas, no se recurrirá porque así lo desaconsejan los informes jurídicos. Pero esos informes también dejan entrever que el contrato puede ser ilegal, ha dicho Arroyo.

Por eso, los cuatro concejales de Ciudadanos que forman parte del equipo de Gobierno han registrado una solicitud al Pleno para que el Ayuntamiento revise de oficio el contrato.

"Como villalbino me resisto a que se asuma esto así y sin clarificar que efectivamente no hay ninguna otra opción, ningún tipo de alternativa, porque al final el dinero es el dinero de los ciudadanos que se ha enterrado en una historia que parece que no es correcta. Y no estoy hablando con mis palabras, estoy refiriéndome a los informes jurídicos que se han puesto sobre la mesa", apunta Bernardo Arroyo.

El edil ha recordado que, de no poder deshacerse el contrato, Collado Villalba habrá pagado, cuando finalice el pago del canon del túnel en 2046, más de 96 millones de euros por una obra que costó 32 millones de euros.

"Tenemos la obligación de llegar hasta el final. Si luego resulta que, después de haberlo intentado, tenemos que comernos el 'pulpo como animal de compañía', habrá que explicar por qué. Porque se supone que un ayuntamiento es una organización de Derecho Público que tiene funcionarios, y sus interventores, y sus políticos, y tendrán que explicar cómo nos han podido 'meter un mochuelo' de estas características", concluye Arroyo.

Si el Pleno aprobara la propuesta de Ciudadanos, el Ayuntamiento tendría seis meses para realizar la revisión de oficio del contrato y después, en caso de determinar que el contrato no es legal, debería enviar sus conclusiones al Consejo de Estado para que diese su veredicto.