La Generalitat Valenciana deniega la autorización Ambiental para una planta de residuos en l'Alcora

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha resuelto denegar la Autorización Integral Ambientada (AAI) solicitada por la mercantil Aprocol para la instalación de una planta de almacenamiento temporal, centro de transferencia y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en l’Alcora por considerar incompatible la actividad con el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, de acuerdo con el certificado emitido por el Ayuntamiento.

El alcalde, Samuel Falomir, ha expresado su satisfacción con la resolución por considerarla “beneficiosa para los alcorinos y alcorinas” y ha recordado que, desde la solicitud de la AAI por parte de la mercantil, en febrero de 2019, el Ayuntamiento ha emitido diferentes informes desfavorables, ha presentado alegaciones, al igual que la Plataforma No a la Contaminació, por las “numerosas deficiencias” identificadas en la documentación expuesta al público. Incluso solicitó, junto a la plataforma, a la Generalitat Valenciana que anulara el procedimiento “por no cumplir con nuestro PGOU”.

Falomir ha querido agradecer el respaldo de la ciudadanía, a través de la recogida de firmas, y ha puesto en valor el trabajo de los técnicos y de la Plataforma No a la Contaminació. “Juntos y juntas hemos podido conseguir de nuevo una victoria”, ha destacado.

“Otra de las deficiencias más graves detectadas es que el Estudio de Impacto Ambiental solo contempla una única alternativa viable, cuando, con este estudio, lo que se pretende es analizar todas las alternativas técnicamente viables y justificar la solución finalmente adoptada”.

Falomir ha incidido, sobre todo, en el “engaño” de la empresa al “utilizar un proyecto para solicitar la Autorización Ambiental Integrada diferente al que remitió previamente al Ayuntamiento para obtener el Informe de Compatibilidad Urbanística”.

El alcalde ha insistido en que “siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender la protección del medio ambiente, el bienestar y la salud de la ciudadanía ante cualquier instancia pública o judicial” y ha destacado que “la experiencia nos ha demostrado que la implantación de actividades que ya en fase de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada no garantizan la adecuada protección del medio ambiente pueden afectar al derecho que tienen los ciudadanos de vivir en un medio ambiente sano”