El nuevo Decreto Ley de la Generalitat para regular los pisos turísticos: “Crecimiento desordenado”

105.111 viviendas que son apartamentos turísticos en la Comunidad Valenciana. Esa es la cifra y lo que invita a la reflexión es un incremento de un 160 % desde el año 2015. O lo que es lo mismo, más de 66.000 nuevos apartamentos desde esa fecha.

Es inevitable y son un factor que influye en el mercado inmobiliario. A lo que sumamos que, según cifras del Banco de España, tenemos un déficit de 40.000 viviendas en la región. En ese contexto, la Generalitat ha presentado un Decreto Ley para regularizarlos.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que “el diálogo y el consenso alcanzado con todos los actores para ordenar, aportar rigor y dar seguridad a la gestión adecuada del mercado de las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana”.

Problema global, respuesta común y defensa del turismo

El jefe del Consell ha explicado que “el crecimiento desordenado de vivienda es de uso turístico, no es un problema exclusivo de la Comunidad Valenciana, sino de todas las autonomías”. Por eso ha reclamado una “respuesta común”, a la vez que ha recordado que suponen un 1,8% del parque inmobiliario: “Es injusto que se achaquen a los pisos turísticos todos los males”.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con el sector para que “nuestro turismo siga siendo el mejor en oferta, sostenibilidad medioambiental, impacto económico y social”. Así, ha recordado que la industria turística supone casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.

Autonomía y seguridad para los ayuntamientos

“Con este marco legal aportamos seguridad y certeza, y avanzamos en nuestro modelo de turismo sostenible que no renuncia a nada ni condena a nadie”.

El Decreto Ley que regulará las viviendas de uso turístico recoge entre sus puntos el respeto a la autonomía municipal para limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y otorga la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de sanción y recaudación previstas.

También contemplará la renovación de las declaraciones responsables cada cinco años y establecerá la titularidad personal de las licencias para evitar la especulación. Asimismo, incrementará las sanciones para quien falte a la verdad en la declaración responsable.

El marco normativo fijará que serán los propietarios de las viviendas los responsables subsidiarios de las posibles infracciones, ya que ahora solo son responsables quienes comercializan los alojamientos, y establecerá unos parámetros de calidad que obligará a que las viviendas cumplan con la normativa de habitabilidad.

Además, mejorará los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevará a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro. También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.